La vivienda adecuada es un derecho humano que plantea la necesidad de toda persona a vivir en condiciones de dignidad, paz y seguridad; es decir, las condiciones necesarias para un buen desarrollo de vida. Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos 1948), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC- (ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 1966)-; así como en las observaciones generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales 1991) de los cuales El Salvador es firmante.
Lo anterior implica para el Estado salvadoreño que debe de tomar medidas para que todas las personas puedan acceder a este derecho, sin importar su situación económica. Siendo estas medidas urgentes e improrrogables, pues la vivienda va más allá de un espacio físico, significa un mundo de oportunidades y seguridad para las familias. De acuerdo con datos del INCAE Business School, hasta el año 2016 el déficit habitacional en el país ascendió al 91% (INCAE 2016), esto quiere decir que de cada 100 personas 91 no cuentan con una vivienda, o poseen una de mala calidad. El problema de acceso a una vivienda adecuada, no se vive por igual en todo el país, pues son las familias que habitan en los asentamientos humanos precarios esparcidos tanto en las zonas rurales como en las urbanas de nuestro país quienes más sufren esta situación.
Para atender esta problemática, es necesario que las instituciones correspondientes generen alternativas que impliquen cambios estructurales y sostenibles; en las cuales se prioricen los sectores
históricamente excluidos, y que las soluciones vayan más allá de un espacio físico, que garanticen aspectos importantes como la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos, academia y organizaciones promotoras del derecho a la vivienda adecuada y hábitat EXPRESAMOS:
- Es urgente la creación participativa, aprobación e implementación de una Ley de Vivienda y Hábitat, que permita el acceso al suelo, financiamiento estructural para vivienda de interés social, que establezca la armonía entre ordenamiento territorial, desarrollo de hábitat y vivienda, y sobre todo la creación de un sistema de vivienda y hábitat que tenga todas las herramientas para atender de forma adecuada el gran déficit de vivienda.
- Es urgente la implementación de una Política de Vivienda y Hábitat, formulada participativamente con los diferentes actores sociales, mientras no se tenga una ley que regulen estos derechos, y cuando se tenga que se complementen
- Solicitamos a la Asamblea Legislativa que se deroguen instrumentos que atentan contra la dignidad humana, tal es el caso del decreto legislativo 23- 2009 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles; el cual promueve los desalojos forzosos y expeditos.
- Que el acceso a la vivienda no esté condicionado por factores económicos, es decir, que las grandes mayorías puedan tener acceso a una vivienda adecuada que supla sus necesidades fundamentales sin comprometer el goce de otros derechos.
- Que se reforme el artículo 119 de la Constitución de la República para que se reconozca el Derecho a una vivienda adecuada, según la norma internacional, y que además se establezca el interés social para las familias empobrecidas.
San Salvador, 20 de septiembre de 2021
Referencias
Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales . «Observaciones Generales 4 y 7.» 1991.
Culturales, Comité de Derechos Económicos Sociales y. «Observación general 4 y 7 sobre derecho a
la vivienda adecuada.» 1991.
INCAE. «El estado de la vivienda en Centroamérica .» 2016.
ONU. «Declaración Universal de Derechos Humanos.» 1948.
ONU. «Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.» 1966.
