El personal de FESPAD participó en el conversatorio: “Impacto de la violencia armada en la Seguridad Pública y el desarrollo”.
El pasado lunes 3 de mayo, en el marco del desarrollo de los círculos de discusión que se desarrollan en FESPAD, el personal de los distintos programas ejecutores, unidades técnicas y otras áreas de la institución participó en el conversatorio: “Impacto de la violencia armada en la Seguridad Pública y el desarrollo”.
Esta actividad se planificó por la Unidad de Incidencia y Comunicaciones y su desarrollo estuvo a cargo de Dina Martínez con la coordinación de Nelson Flores desde el programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal.
Dina Martínez hizo una breve exposición con importantes contenidos teóricos y estadísticos, lo que permitó que todos y todas comprendíeramos desde la realidad, la magnitud del problema de la violencia armada en el país y cómo esta afecta a la Seguridad Pública y la convivencia ciudadana. La presentación provocó un prolijo conversatorio de por lo menos dos horas.
Se analizó que en el 2009, como resultado de la violencia armada que afecta a los y las salvadoreñas se tuvo un saldo fatal de 4367 homicidios y uno de los factores determinantes son la portación de armas de fuego, pero además, la legislación que permite una población cada vez más armada, el mercado ilegal de armas y la incapacidad y deficiencia del Ministerio Público en la investigación del delito.
El resultado de la tenencia de armas de fuego en manos de la población civil es mayor violencia social y los municipios más afectados de San Salvador son Apopa, Mejicanos y Ciudad Delgado; por ello, desde FESPAD hay planes institucionales, en ejecución, de incidir en el trabajo de Seguridad Pública que realiza la Policía Nacional Civil y las municipalidades con sus respectivos cuerpos de agentes metropolitanos.
FESPAD y otras organizaciones que luchan por una prohibición de la portación de armas de fuego encuentran rechazo en el Congreso salvadoreño, el ministerio de Defensa Nacional y algunos sectores empresariales que se oponen a la medida porque consideran que esta medida significaría desarmar a la población honrada y dejarla sin posibilidad de defenderse frente a la criminalidad.
El paradigma de que la prohibición afectaría a personas inocentes que solo buscan defenderse pierde validez cuando, según estadísticas, se observa la inefictividad del ciudadano honrado que porta un arma, para reaccionar frente a un delincuente.
De igual forma, se analizó el negocio lucrativo que es la inseguridad ciudadana para algunos: Empresas privadas que venden armas, que venden servicios de seguridad privada, al grado que los agentes privados de seguridad duplican en número al de agentes de la PNC, la venta de servicios de alimentación, ya que son las tres mismas empresas que tienen acaparado el mercado: de la PNC, de la ANSP y de Centros Penales; las exigencias que tiene la ley para las empresas ofertantes, excluye del mercado a las y los pequeños y medianos empresarios.
FESPAD considera que es el momento apropiado para revisar la estrategia de combate a la delincuencia en todas sus causas y manifestaciones y desmantelar estructuras que la convierten en un negocio a costa del sufrimiento de la población salvadoreña.
