Organizacioanes sociales aglutinadas en la Red Salvadoreña por la Justicia Fiscal, en el marco de la semana de Acción Global por la Justicia Fiscal y el Día Mundial de los Servicios Públicos, al pueblo salvadoreño expresamos:
El Día Mundial de los Servicios Públicos este 23 de junio, es un momento clave para enviar mensajes claros a las administracioes de gobiernos sobre la necesidad de acuñar políticas fiscales justas que financien servicios públicos que garanticen la calidad de vida. Al hacerlo se estaría avanzando en uno de los medios más eficaces para acabar con la pobreza y la desigualdad.
En El Salvador, las reducidas formas de financiar el presupuesto de estos servicios nos llevan, no obstante, a ir más allá y evaluar el sistema fiscal que tenemos y las bases necesarias para transitar de un modelo tributario regresivo a uno progresivo, donde paga más el que tiene más.
En estas semanas, las negociaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo han movilizado redes globales de las que hoy somos parte para exigir mayores niveles de justicia fiscal a las administraciones de los gobiernos y también a las empresas transnacionales para que paguen lo justo. La adquisición de más deuda no fuese la única alternativa para el financiamiento del presupuesto, tal como pareciera decirse en las últimas semanas. Con justicia fiscal, los programas, planes y proyectos para el desarrollo, para la sustentabilidad ambiental, para la prevención integral de la violencia, tendrían financiamiento.
Sin embargo, a pesar de estar llegando a su límite, el déficit fiscal en nuestro país parece no contar con soluciones estructurales al problema. La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, tienen grandes dificultades para apuntalar soluciones estructurales que trastoquen las injusticias del modelo fiscal que tenemos. Ciertamente es lamentable que el gobierno de turno no cuente con 900 millones de dólares para seguridad y pago de deuda a través de la emisión de títulos valores, pero en la misma tónica debería ser aún más alarmante que empresas deudoras se nieguen a pagar impuestos millonarios y que otras incluso caigan en el delito de evasión y defraudación al fisco sin que esto tenga implicaciones penales.
La crisis fiscal en El Salvador debería de activar un debate a profundidad entre todas las fuerzas políticas y sociales para corregir el andamiaje jurídico e institucional que sustenta el carácter regresivo del sistema. Según estudios, son cerca de 26 que leyes les permiten a las empresas no pagar impuestos por cerca de 1, 200 millones de dólares al año.
La carga tributaria en El Salvador es de las más bajas de la región (15.8% del PIB), donde el 60% de la recaudación se apoya en los impuestos al consumo de la mayoría de la población. Solo el 40% de los ingresos tributarios proviene de impuestos a la renta y a la propiedad. Estudios demuestran que el 35% de los impuestos son evadiidos en El Salvador por parte de grandes empresas y que, además, cuando se activa algun cobro, utilizan mecanismos contenciosos administrativos para entrampar procesos legales en su contra.
Como Red de Organizaciones por la Justicia Fiscal reiteramos el llamado a que una reforma fiscal integral debe revisar el carácter regresivo del sistema actual. Deben impulsarse medidas estructurales que permitan trasladar la carga tibutiaria del trabajo y el consumo de grandes mayorías al patrimonio, el capital y las rentas de elites económicas que solo reciben exenciones y beneficios.
