Ante la presentación del anteproyecto de Ley Integral de Aguas que recientemente realizaran la mayoría de las fracciones legislativas que integran la actual Legislatura, FESPAD da a conocer su análisis desde la óptica de los derechos humanos:
En El Salvador el derecho humano al agua es constantemente amenazado como consecuencia de mega proyectos de inversión o turísticos, deforestación, industrias extractivas, mono cultivos, entre otros; a lo anterior se suma el desinterés del Estado en reconocer dicho derecho a nivel constitucional y en la normativa secundaria.
Desde hace varios años, distintas comunidades, organizaciones sociales, iglesias, gobiernos locales y juntas comunitarias de agua, hemos venido trabajando en la defensa del derecho humano al agua; en este sentido se ha promovido una ley de agua que regule y garantice el referido derecho, además de una reforma constitucional tendiente al reconocimiento del mismo como un derecho fundamental.
Como resultado de la lucha del movimiento social se logró que el 19 de abril de 2012, la legislatura 2009-2012 aprobara una reforma constitucional (artículo 69) que reconoce al agua como un derecho humano, la cual debió ser ratificada por la legislatura siguiente (2012-2015). No obstante no la ratificó, lo que trajo consigo la imposibilidad de seguir el proceso de reforma constitucional y la iniciativa aprobada en el año 2012 quedó sin definición.
Diferentes organizaciones sociales hemos promovido propuestas normativas ante la Asamblea Legislativa. En 2006 se presentó el anteproyecto de Ley General de Aguas, actualizado por sus promotores en los años 2011 y 2013. La referida legislación plantea la creación de la institucionalidad que garantice la vigencia del derecho, una entidad de naturaleza pública y con amplia participación de actores claves de la población. De igual forma, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2012, presentó una propuesta de ley que coincide en buena medida, con el presentado por las organizaciones sociales.
La poca apertura y desinterés de la mayoría de los diputados que componen la Asamblea Legislativa en general, y los de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en particular, han impedido la aprobación de una legislación idónea para garantizar el referido derecho humano, a pesar de tener propuestas normativas desde hace más de 10 años.
El pasado 14 de junio los diputados de los grupos parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron una iniciativa denominada Ley Integral de Aguas. Dicho proyecto de ley goza del respaldo de la mayoría de fracciones parlamentarias, excepto del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y es opuesta a la presentada por las organizaciones sociales, en tanto que plantea la creación de un ente rector compuesto por cinco representantes, dos delegados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), y un delegado del gobierno.
Si bien el análisis debe ser más integral, queremos centrarnos en el punto de la composición de la autoridad de agua o autoridad hídrica que da pie a creer que la propuesta tiene claras intenciones de llevar beneficios a sectores productivos como el agrícola, industrial y construcción; en tanto ello es contraria al derecho humano al agua, por las claras ventajas que presenta hacia el sector empresarial cuando: a) Acredita a la ANEP como el representante único de la empresa privada; b) pondera la participación de la ANEP con un número de dos representantes; c) Excluye la participación de la población en general.
Ver documento completo en el siguiente link: una iniciativa más para la privatizadora del agua en EL SALVADOR
