Desde hace más de 15 años, diferentes organizaciones sociales, comunitarias, ambientales, iglesias, entre otras, han luchado contra la explotación de minería metálica en el país. En un primer momento, sensibilizando y organizando a las comunidades y a la población en general, así como declarando diferentes municipios libres de minería metálica tras diferentes consultas públicas; asimismo, enfrentando diferentes acciones tendientes al extractivismo; posteriormente, enfrentando demandas, entre ellas la que presentara Pacific Rim/Oceana Gold en contra del Estado de El Salvador, al mantenerse firme el Estado en la negación a emitir una licencia minera para el proyecto El Dorado, en San Isidro, Cabañas; cuyo monto ascendía a 250 millones de dólares y que a la postre el Estado de El Salvador ganó el litigio internacional dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Otro paso sin precedentes fue el del 29 de marzo de 2017, El Salvador envió un mensaje importante al mundo, ya que ese día la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, por considerar inconvenientes los impactos negativos que provoca en el medio ambiente y la salud de las personas esa nociva industria. La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohibió mediante una ley la explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto, fue aprobada mediante el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, con 70 votos a favor de un total de 84 diputados.
Tras la emisión de dicha ley, se plantearon nuevos retos, a saber: a) el cumplimiento de la ley en materia de cierres técnicos de minas, procesos de remediación ambiental y reconversión económica de las personas dedicadas a la minería artesanal; b) la no reversión de la ley o derogatoria de la misma; c) generar procesos de incidencia para promover acuerdos binacionales o trinacionales para la protección de las cuencas compartidas y amenazadas por la minería trasfronteriza; y hoy, elevar a rango constitucional la prohibición la minería metálica para garantizas el derecho a la salud y un medio ambiente sano a la población por medio de una propuesta de reforma. Hasta el momento esos desafíos no han sido cumplidos.
La propuesta de reforma constitucional promovida por las organizaciones sociales pretende establecer una doble garantía para la prohibición de la minería metálica, en vista que las características de la Constitución de la República estipulan la concurrencia de al menos 10 diputados o diputadas para dar iniciativa a la misma y dos legislaturas para su modificación. La propuesta de reforma se propone la inclusión de la prohibición de la minería en la única disposición constitucional que reconoce los derechos ambientales, el Art. 117, incorporando tres incisos que establecen de forma expresa la prohibición, el papel del Estado y que dichas disposiciones se desarrollen en una ley secundaria.
La reforma constitucional se posiciona como un nuevo reto de las organizaciones de derechos humanos, comunitarias, ambientales y movimiento social en general junto a la promoción de tratados regionales para la protección de las cuencas trasfronterizas, y la garantía de no reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su cumplimiento
La preocupación de la reversión de la prohibición de la minería salta cuando ante una reciente propuesta de reforma constitucional promovida desde el gobierno actual, no se incluye la prohibición de la minería; sino que contrariamente abre la posibilidad para las concesiones de la riqueza que se encuentra en el subsuelo. Además, porque las empresas transnacionales siguen presentando a la minería como amigable al medio ambiente y como solución económica a las maltrechas economías de los Estados.
Por lo anterior, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica:
- Exhorta a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa a que concurran y den iniciativa a la propuesta de reforma constitucional para la prohibición de la minería metálica;
- Exige a la Asamblea Legislativa a que no modifique y/o derogue la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pues de lo contrario iría en detrimento de los bienes ambientales y derecho a la salud de la población;
- Al Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su reglamento;
- Al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano de El Salvador a promover acuerdos regionales para la protección de las cuencas hidrográficas comunes.
- Al pueblo salvadoreño, a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de reversión de la prohibición de la minería metálica y así retroceder en la protección ambiental, la salud de todos y todas.
San Salvador, 27 de octubre de 2021.
