Hace un año la Asamblea Legislativa, a solicitud del Concejo de ministros, aprobó el Régimen de Excepción (RE)1, como respuesta a 87 muertes que se dieron entre el 25 y 27 de marzo de 2022, atribuidas a las pandillas. Ese RE conllevó la suspensión de derechos fundamentales. Medida que se ha prorrogado durante 12 meses, generándose desde su inicial aprobación detenciones arbitrarias, abusos de poder, violaciones a derechos humanos, así como prácticas de tortura, según se ha conocido a través de denuncias de víctimas y familiares de víctimas, así como informaciones periodísticas.
Históricamente y con énfasis desde la entrada en vigencia de dicho régimen, FESPAD ha venido insistiendo en la necesidad que se realicen acciones efectivas para combatir la delincuencia, garantizar la seguridad ciudadana y proteger a la población, pero que tales decisiones estatales deben ser acordes a los estándares internacionales, en irrestricto respeto a los Derechos Humanos y a la Constitución.
A un año de la implementación de esta medida, EXPRESAMOS:
Desde el punto de vista normativo
Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el Régimen de Excepción es una herramienta contemplada en la Constitución lo que es una realidad; lo que no se dice es que tal medida debe ser aplicada por el Estado para contener situaciones extraordinarias2, y al ser controladas deben quedar sin efecto, lo cual no ha ocurrido. Es de señalar que la seguridad pública es un tema fundamental, mas no imprevisible y el gobierno tiene la obligación de ocuparse de ello de forma ordinaria mediante la generación de políticas públicas efectivas y sostenibles.
El hecho de solicitar que se prorrogue 12 veces el RE, y sea aprobado sin discusión alguna por la Asamblea Legislativa, deja en evidencia que no existe una política de seguridad pública y que el Plan Control Territorial, como siempre se dijo, ha sido un rotundo fracaso, carente de efectividad.
La política criminal debe tener, sin duda, entre sus componentes, la represión, pero también la prevención de la delincuencia y la rehabilitación-reinserción; hasta el momento no se tienen evidencias que para el gobierno hayan sido importantes estos dos componentes, se ha privilegiado la represión dando así satisfacción a las demandas populares, que más que justicia claman venganza por las atrocidades cometidas por las maras y pandillas en sus grupos familiares, en sus comunidades.
El gobierno, buscando popularidad, al costo que sea, se ha negado a implementar una política criminal que ataque el presente pero que también gestione el futuro. No hay claridad de acciones concretas para la prevención y la rehabilitación, a no ser por la creación de algunos Centros Urbanos de Oportunidad Social (CUBOS) y el cambio de nombre del programa “Yo cambio”, creado por el gobierno anterior, a “Cero ocio”.
Tomando en cuenta las expresiones de algunos funcionarios y del mismo presidente de la República, respecto a que los “capturados no verán la luz del día”3 , habrá que cuestionar si existirá la posibilidad de la rehabilitación-reinserción en el sistema penitenciario. Es correcto que se sancione al que infringe la ley mediante el debido proceso; no obstante, también señalamos que es una responsabilidad del Estado la resocialización de las personas, buscando su reinserción.
En el marco del régimen de excepción también han ocurrido otras vulneraciones a derechos humanos que han ido en detrimento de la población, ocultamiento de información, reformas a leyes, las cuales vuelven nulo el goce de derechos, cooptación de instituciones, lo que ha traído consigo la pérdida casi absoluta de la independencia judicial; elecciones de segundo grado de funcionarios deficientes y sin idoneidad, pero complacientes al régimen; actos de corrupción, entre otros. El resultado, un país convertido en una cárcel, donde las garantías del debido proceso se han hecho a un lado, la presunción de inocencia es inexistente, las libertades fundamentales han sido restringidas, y las personas temen hablar por miedo a ser detenidas.
Es importante destacar que, en todo este marasmo, hay juezas y jueces valientes sometidos exclusivamente a la Constitución, a pesar de las consecuencias que podría acarrearles el ser responsables e independientes. Nuestro reconocimiento a su valentía y responsabilidad.
Campaña permanente de intolerancia y desinformación
Es innegable que ha habido una reducción considerable de los homicidios, al menos según las pocas cifras que instituciones de seguridad han hecho públicas; no obstante, medios de comunicación han expuesto que algunos delitos permanecen4 y que las pandillas siguen operando, mutando y teniendo algún nivel de presencia en algunos territorios.
En todo caso, cualquier información que se ha publicado al respecto ha sido minimizada y desacreditada por funcionarios, se ha desprestigiado a periodistas o medios de comunicación, y se ha llegado al acoso de quien cuestione la versión oficial.
El gobierno cuenta con una maquinaria comunicacional, en la que prima la desinformación y la intolerancia a la crítica, sin que otros medios, generalmente sometidos al discurso oficial, tengan capacidad para sobreponerse a la avalancha gubernamental.
Flagrantes violaciones a DDHH
A la fecha, se cuentan ya más de 65 mil detenidos5 tras la vigencia del RE, de estos datos las organizaciones de derechos humanos han registrado que más de 4 mil son capturas arbitrarias. Capturas que han tenido como causa, el lugar de residencia del detenido, dar muestras de nerviosismo frente a un policía, o sencillamente parecer una persona sospechosa a juicio de un agente de autoridad.
Lamentablemente, la opacidad de la información no ha permitido corroborar las cifras, en específico, las cifras verdaderas de las personas capturadas de forma arbitraria, el número de homicidios, o las personas privadas de libertad fallecidas que, de acuerdo a informaciones periodísticas, organizaciones de DDHH y familiares de víctimas, han muerto a causa actos de tortura física, inanición y en general desatención de quienes guardan bajo su responsabilidad a las personas detenidas; no tienen en cuenta que esas personas, están bajo la responsabilidad del Estado.
Como se ha mencionado, el RE suspende algunos derechos constitucionales, pero no habilita al Estado a desaparecer a un detenido, a que se comentan actos de tortura, a suspender el derecho a la defensa, o negar la información sobre la situación carcelaria. Este ambiente de violación de derechos desde el Estado también ha propiciado otras violaciones: estafas por parte de abogados inescrupulosos, e incluso la existencia de una red de corrupción al interior de los mismos centros penales6.
Por otro lado, también se debe insistir en la carga que ha representado el régimen de excepción para las mujeres, ya que además de convertirse en único sostén económico de su familia, han tenido que redoblar esfuerzos para el cuidado del hogar, así como la gestión para obtener información sobre su familiar detenido, situación que les resulta tan dificultosa que les ha obligado a pernoctar frente a los centros penales, bajo la lluvia y sin respuesta alguna por parte de los responsables de darlas. Está de más decir que con el régimen de excepción se han institucionalizado y naturalizado la violación a los Derechos Humanos de las personas detenidas, a quienes se les niegan todos sus derechos, pero también a sus familiares.
Militarización para todo
Dado que la militarización de la seguridad pública es una práctica que ha sido utilizada por todos los gobiernos, tampoco es nueva la denuncia de FESPAD a este respecto. Se ha venido advirtiendo que el incremento de la participación del ejército en tareas de seguridad pública constituye una “remilitarización” de la seguridad, y va en contra de nuestra Constitución y del pacto logrado con la firma de los Acuerdos de Paz, hoy por hoy más vigentes.
Su uso no es novedoso, pero sí progresivo por parte de la actual administración que ha echado mano de la Fuerza Armada para tareas que no son de su competencia, desde repartir alimentos, combatir plagas, hasta tomarse instituciones como la Asamblea Legislativa o el Instituto de Medicina Legal. La Fuerza Armada es una entidad omnipresente.
Falsa sensación de tranquilidad
El RE nunca se justificó, ya que, para la investigación del repunte de la violencia y las 87 muertes de marzo de 2022, la captura de sospechosos y posterior proceso judicial de los responsables, existían suficientes instrumentos para actuar con todo el peso de la ley. Sin embargo, si ese repunte de violencia fue la causa para decretar el RE y, según las autoridades, los resultados del mismo han sido tan efectivos es inevitable cuestionar ¿por qué no se deroga el régimen de excepción?
Lo que puede inferirse de la insistencia en mantener la medida es que solo se trata de una acción de contención, de improvisación y que no ataca de raíz el problema. Solo se podría hablar de éxito cuando el estado de tranquilidad de la ciudadanía no dependa de la presencia de la militarización, cuando se implementen políticas públicas claras y sostenibles a largo plazo y no por la privación de derechos; cuando la Fuerza Armada vuelva a sus tareas constitucionales y se rescate la independencia judicial.
Por lo anterior, como institución promotora y defensora de derechos humanos, desde FESPAD demandamos, a un año de un régimen punitivo que dejó de ser de excepción:
- Al Órgano Ejecutivo, para que cree una política pública efectiva, con sus tres componentes ineludibles: la prevención, la represión y la rehabilitación, garantizando así la sostenibilidad de la seguridad ciudadana.
- A la Asamblea Legislativa, que se derogue el RE, y se detenga las violaciones a derechos humanos.
- A las instituciones responsables de la seguridad pública, a evitar acciones arbitrarias y a poner un alto a los abusos de poder.
- A los funcionarios de centros penales, a que tengan en cuenta que las personas internas han perdido el derecho a su libertad ambulatoria y sus derechos políticos, pero gozan de derechos humanos que deben ser respetados; especial atención merecen aquellas personas que no han sido condenadas.
- Al Estado, a que garantice que las personas detenidas de forma arbitraria tengan acceso a un juicio justo y a la defensa legal adecuada, tal como lo establecen la Constitución de la República y los estándares internacionales de Derechos Humanos.
- Que se respete la Constitución y que la Fuerza Armada vuelva a las funciones que le corresponden, fortaleciendo a la PNC para que asuma el rol constitucional que tiene asignado.
- Al gobierno a que genere las condiciones para el diálogo entre las instituciones públicas y las organizaciones de sociedad civil para impulsar medidas de prevención de la violencia. La seguridad pública es interés y responsabilidad de todas y todos.
- A la población, a que siga denunciando las violaciones a derechos humanos y fortalezca sus estructuras organizativas.
- A que se detenga la campaña mediática basada en la desinformación y se respete el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y de movilización.
Como organización defensora de derechos humanos, seguiremos vigilantes e insistimos en denunciar toda acción injusta, que irrespete los DDHH y la dignidad de las personas.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”.
San Salvador, 27 de marzo del 2023.
- DL N° 333, 27 de marzo de 2022.
- Entre ellas: calamidad pública, invasión extranjera o graves perturbaciones del orden público.
- Tweet de Noticiero El Salvador, 2020: https://twitter.com/NoticieroSLV/status/1581001073518465026?s=20
- El Faro, 2022. Pagar extorsión a pesar del Régimen de Excepción: https://elfaro.net/es/202205/el_salvador/0000026153-pagar-extorsion-a pesar-del-regimen-de-excepcion
- Al 15 de marzo, según cifras de la PNC, a través de la cuenta de Twitter del ministro de Seguridad: https://twitter.com/Vi11atoro/sta tus/1636122179875008514?s=20
- Denuncian red de corrupción en centros penales : https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/investigacion-corrupcion-gobier no-bukele-direccion-de-centros-penales-penitenciarios-regimen-excepcion-/1048106/2023/
