La Plataforma Ujuxte presentó, este día, a la Sub-Comisión de la Asamblea Legislativa, que evalúa el proceso de elección de la nueva o nuevo Fiscal General de la República, un Informe sobre la gestión realizada por Luis Antonio Martínez, durante el período 2013 – 2015.
“El informe lo que contienen es una serie de irregularidades, de deficiencias, de un comportamiento no ético por parte de Martínez que a nuestro juicio lo hace no valedero para participar en un proceso de reelección por eso estamos presentando este informe a la sub comisión” dijo Abraham Abrego, Director de FESPAD y Miembro de UJUXTE.
Quien además agregó que con el informe se pretende fundamentar la oposición de las organizaciones de la sociedad civil para la no reelección de actual Fiscal: “tiene un problema ético de conflictos de interés muy claro y eso lo vieron el pasado viernes con el rol de la fiscalía en el caso Flores no hay expresión más grande que la parcialidad hacia la defensa, amenazando más a los querellantes… nos parece que su actitud es grave”.
En el informe se presentan casos puntuales: el caso de Enrique Rais administrador de MIDES, quien esta siento procesado por conflictos de interés con los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes antes habían denunciado al empresario Rais por los delitos de administración fraudulenta y estafa, pero la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no había suficientes pruebas para tomar la denuncia. En julio de 2014 se ordenó la captura de los canadienses a raíz de una denuncia de Rais contra ellos por los delitos de apropiación o retención indebida y extorsión.
Otro caso del que se hace mención es el del expresidente Francisco Flores, quien es acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia, Abrego señala que “dada la relación de amistad y de negocios desde hace 20 años que ha tenido el Fiscal Martínez con el expresidente. Su actuación deja evidenciada el conflicto de interés y esto se ve evidenciado en el caso”.
Por otra parte menciona que los casos del conflicto armado siguen sin tener justicia “el Fiscal en lugar de combatir la impunidad y propiciar que los casos que quedaron pendientes del conflicto armado como la masacre del Mozote, la Quesera y otras masacres importantes queden en la impunidad… él (Luis Martínez), está presionando a las víctimas para que sierren los casos y está haciendo todo lo posible para que los casos queden cerrados judicialmente” puntualizo.
Miembros de Ujuxte esperan que entre los cinco candidatos seleccionados para el proceso final de elección no sea incluido Luis Martínez pues ya que no cumple los requisitos de moralidad, notoria y competencia que exige la ley.
Conclusiones y recomendaciones presentadas en el Informe sobre la gestión realizada por Luis Antonio Martínez, durante el período 2013 – 2015.
Conclusiones
La impunidad en el país posee raíces históricas que no permiten a las víctimas la justiciabilidad debida. Existen crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno que en la gestión del actual Fiscal no fueron promovidos materialmente, y en aquellos casos en los que se promovieron diligencias iniciales de investigación se identificó negligencia Fiscal, malos tratos para con las víctimas y sometimiento de éstas a procesos de revictimización y en muchos casos se sospecha que existen diligencias tendientes a dilatar los procedimientos, con lo que durante su gestión se ha mantenido el esquema de impunidad histórica; prueba de ello es que ninguno de los casos acá planteados (El Mozote, Tecoluca, el Rio Sumpul y la Quesera), no ha sido judicializado en los tres años de gestión del actual Fiscal General de la República y los avances en la diligencias iniciales de investigación que se promovieron son casi inexistentes.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República ha demostrado abordar los casos de forma parcial cuando el Fiscal General ha tenido vínculo personal o relaciones laborales con una de las partes. Lo anterior se materializa de diversas formas procesales en beneficio de sus vínculos personales, como el sobreseimiento definitivo en el caso Rais; las actuaciones no transparentes en el Caso Flores, la omisión de acciones procesales, la inactividad en el proceso para que el ex presidente Francisco Flores se le sustituyera la detención provisional por una medida menos gravosa, y el no ofrecimiento de prueba idónea para la acreditación de los ilícitos penales que se le atribuyen al ex presidente, entre otros; A lo anterior se suma que nunca hizo uso de la acción penal contra Francisco Flores en el caso CEL- ENEL, a pesar de que existía un informe de la Asamblea Legislativa donde lo vinculaba al caso.
En materia de corrupción, existen pocos casos en los que se ha logrado judicializar y condenar a los ex funcionarios; aun así, la Fiscalía ha solicitado beneficios procesales en favor de los imputados como el proceso abreviado en el caso correos, lo que implicó que las condenas fueron excarcelables y que gozaron de otros beneficios como la suspensión de la ejecución de la pena o la sustitución de la misma por penas no privativas de libertad.
Mención especial merece el caso de CEL-ENEL, en donde la FGR desistió de la responsabilidad civil que se deriva de todo delito y mediante argucias legales permitió que se cambiara la tipificación del delito de Peculado a Peculado Culposo, teniendo como efecto la reducción de la pena y por ende la reducción del período para la prescripción del delito, dejando el caso en total impunidad.
De igual forma, la actuación Fiscal permite la existencia de incongruencia en la punibilidad de determinados hechos delictivos, cuya penalidad queda al arbitrio de la administración de justicia, ente ellos la Fiscalía. No obstante no haberse planteado en el desarrollo del informe, merece la pena ejemplificar la desproporcionalidad o arbitrariedad de la pena a través del caso en que se condena a una persona sin vínculos políticos o económicos a 30 años de prisión por el hurto de ganado[1] y por otro lado condenan al señor Chávez Palacios a 11 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras acusársele de la muerte a una persona para posteriormente desmembrarlo y abandonar los restos en diferentes partes del municipio de Antiguo Cuscatlán, del departamento de La libertad[2]. Chávez Palacios estaba vinculado al poder económico, de manera particular a la industria minera y quien gozó de un beneficio penitenciario solicitado por la Fiscalía General de la Republica.
La Fiscalía General de la República, bajo la administración del Licenciado Luis Antonio Martínez González, se ha caracterizado en muchos de los casos, por mostrar desinterés, negligencia, arbitrariedad, prepotencia y un trato inadecuado para las víctimas. Se identifica, en la gestión del Fiscal General Luis Martínez, un abordaje de aquellos casos que le permitan cobertura mediática y un discurso populista carente de objetividad.
Recomendaciones
La elección del Fiscal General de la República debe de gozar de la transparencia y participación ciudadana con el propósito de fortalecer la institucionalidad del Estado, su credibilidad y ampliar el espectro democrático en el proceso.
Corresponde a la Asamblea Legislativa, realizar una evaluación de la gestión del actual Fiscal General de la República, en relación a su mandato constitucional y legal, y su desempeño al frente de la institución encargada de velar por los intereses del Estado y la población. Recomendamos utilizar los insumos que acá proporcionamos, en donde a través de casos ejemplarizantes se evidencia que ha habido incumplimiento y deficiencia en el desarrollo de funciones por parte del Lic. Martínez, por lo que no se debe de reelegir para un segundo período frente a la Fiscalía General de la República, por su clara parcialidad en los casos de corrupción, conflicto de interés y su apatía en los caso del conflicto armado interno. De ser reelecto se estaría violentando principios constitucionales, legales y de derechos humanos.
La Asamblea Legislativa debe transparentar el proceso de selección que está realizando, y abrir un espacio de consulta y opinión para que la población opine sobre el actuar del actual Fiscal General de la República y el resto de candidatos. Con ello se garantiza el derecho ciudadano y la obtención de más y mejores elementos de juicio al momento de tomar una decisión sobre la elección del nuevo Fiscal.
