De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- el concepto de “seguridad ciudadana” surge en Latinoamérica en el contexto de las distintas transiciones a la democracia que experimentaron los países de la región hacia finales del siglo XX, como un contrapunto entre la seguridad en democracia y en regímenes autoritarios1.
Así, la seguridad ciudadana deja de ser reducida al abordaje de la criminalidad y la violencia para abarcar también las dimensiones que dan origen a éstas. Este cambio de paradigma es acompañado por la exigencia de que los Estados incorporen estándares de derechos humanos en el diseño e implementación de sus políticas de seguridad ciudadana, lo cual conlleva la obligación de garantizar los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo, al igual que cualquier otro derecho que se entienda como parte de la prevención y el control de la criminalidad y el delito.
Estos derechos no se colocarían en contraposición a los derechos que tradicionalmente se contemplan dentro de las políticas de seguridad ciudadana, sino que serían complementarios a éstos, tales como: derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, derecho a la libertad de reunión y asociación, y el derecho a participar en los asuntos públicos.
En este sentido, la CIDH también ha señalado la importancia de construir indicadores para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas, así como para la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las prerrogativas estatales, en tanto estos arrojan evidencia científica sobre la eficacia y efectividad de las políticas de seguridad adoptadas, insumos imprescindibles para la toma de decisiones.
Para la elaboración del presente informe, cuya periodización se sitúa en el periodo 2022 – 2023, se tomaron en cuenta las perspectivas teóricas victimológica, de género y derechos humanos.
Utilizar el enfoque de género permitió identificar y comprender las desigualdades de género existentes en una determinada situación o contexto, con lo cual se visibilizan los resultados, impactos y retos diferenciados de la seguridad ciudadana en mujeres y hombres.
