Se ha convertido en práctica a nivel internacional, auto nominarse como las víctimas a manera de expresión de solidaridad con ellas. Eso hemos visto que ha sucedido con distintas personas en diversas latitudes que han expresado su empatía con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, o con las 17 víctimas mortales de atentados yihadistas de París..
Yo expreso Soy FESPAD en ese sentido, pero también en el de sentirme identificado con el ideario y la práctica de esta Institución, que me ha permitido en distintos momentos de mi vida profesional ser parte de su equipo de trabajo.
FESPAD ha jugado relevantes y dignos esfuerzos en la lucha por la democracia y la justicia en este país, poniendo en práctica simultáneamente una vocación por las causas de la justicia social así como un rigor ético y técnico en sus actuaciones.
Me enorgullece haber sido parte de equipos que llevaron adelante el apoyo a las víctimas de La Colina, a las luchas de las radios comunitarias por la democratización de las comunicaciones, a las reivindicaciones de los ex combatientes, a la exigencias del movimiento de comunidades, a la iniciativa de reformar la Constitución como condición ineludible para que se pudiese concluir el proceso de paz, y a otras causas por la justicia y la democracia real, que han sido solo algunas de las tantas tareas que ha desarrollado la Institución en sus más de 26 años de existencia.
Puedo dar fe que las tres personas (Francisco Díaz Rodríguez, María Silvia Guillén y Abraham Abrego Hasbún) que han estado al frente de la Institución siempre han demandado de quienes hemos laborado en ella, estar al servicio de la gente, acompañándola pero no sustituyéndola, y asimismo ser cuidadosos en el actuar profesional, sostener posiciones con entereza pero con respeto.
Esa posición de seriedad profesional y diríamos además, política, le ha valido por igual críticas y reconocimientos. Pero bueno, el sello que deja la marca FESPAD se ha reflejado en profesionales que han sido parte de la Institución y que han hecho y están haciendo aportes relevantes desde diversos campos del servicio público, de organismos internacionales, de otras organizaciones no gubernamentales o en el libre ejercicio profesional.
Ahora, dejando de lado una posible fuga de emotividad de mi parte, veamos el punto de preocupación: Un nuevo ataque a quienes realizan la labor de defensa de los derechos humanos y denuncia de la corrupción.
Hemos conocido por diferentes medios de comunicación la orden del Juez Levis Italmir Orellana de abrir un expediente sancionatorio contra tres querellantes de FESPAD e ISD y el pedido a la Fiscalía que los investigue por divulgar información sobre un documento que vincula al ex Presidente Francisco Flores con la emisión de cheques por 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán.
Lamentablemente el ataque a defensores de derechos humanos no es algo nuevo ni poco usual en la región. En Guatemala, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), en suInforme sobre situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 2013, denominado El Silencio es Historia, reporta 657 ataques que incluyen 20 asesinatos, y resaltando estadísticamente las difamaciones (168), las amenazas escritas (159), las intimidaciones (91) y las denuncias judiciales ilegítimas (61). Según me informaban, las cifras de ataques del año 2013 ya habían sido superadas meses antes de cerrar el año 2014.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en su Informe de Labores del período junio 2013 – mayo 2014, reporta 76 casos recibidos sobre defensores y defensoras de derechos humanos.
No es mi propósito hacer el recuento exhaustivo de casos de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos en la región, bastan los datos hasta ahora citados para hacer algunas reflexiones:
En Guatemala se dice que el juicio al General Ríos Montt es el punto de inflexión previo a un posterior declive del proceso de democratización iniciado después de los Acuerdos de Paz suscritos a finales de 1996; es decir, el juicio a un ex Presidente fue el detonante de un proceso de reversión.
En El Salvador, por primera vez estamos en la posibilidad de que exista una condena por actos de corrupción contra un ex Presidente, ¿Tienen nuestras instituciones, particularmente el Sistema de Justicia y la Fiscalía General de la República la talla para semejante prueba del estado de salud de la Democracia?
¿Habremos iniciado a experimentar en nuestro país lo que ya viven en distintas formas Guatemala y Honduras: la criminalización de la protesta social?
Los ataques a quienes toman la responsabilidad de la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la corrupción son claros indicadores de intolerancia y cabe la gran posibilidad de que lo sean de regresión a etapas ya superadas de represión y oscurantismo.
¿Acaso fue demasiada afrenta lo expresado por FESPAD e ISD, poniendo en duda que la justicia en El Salvador en realidad pueda tocar a grupos de poder, por la falta de independencia de la investigación y aplicación de justicia en caso del ex Presidente Francisco Flores?
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce en el número 3 de su artículo 12 que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este derecho ahora está siendo ejercitado y puesto a prueba por las colegas y el colega querellantes y las instituciones que representan, al defenderse de los ataques que han recibido al denunciar las debilidades del sistema de justicia salvadoreño en la lucha contra la impunidad.
Concluyo diciendo que ahora, más que nunca, me siento orgulloso de haber laborado en una institución comprometida y seria como FESPAD, que en este momento, asociada a ISD son fieles al rol de la sociedad civil organizada: ser censores morales de los actores de poder.
Mis respetos, admiración y solidaridad a Berta María De León, María Teresa Naves Medrano y René Landaverde Hernández, querellantes que representan a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y a la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
