A inicios del mes de diciembre de 2013, el ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, denunció en diferentes medios de comunicación, al ex-presidente Francisco Flores, de haberse apropiado de varios millones de dólares, donados por el Gobierno de China Taiwan, para proyectos de atención social.
La denuncia estaba basada en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), emitido por el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables Florida, Estados Unidos, por transacciones bancarias sospechosas que lo involucraban. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña –preocupadas por los hechos de corrupción en el caso, y el riesgo de impunidad– acordaron dar seguimiento al proceso judicial para defender los intereses de la colectividad, a través de la figura de querellantes FESPAD e ISD asumieron esta labor.
Sin embargo, el día viernes 15 de enero de 2015, el Juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, ordenó el inicio de un proceso sancionatorio y penal contra las querellantes Bertha Deleón, María Teresa Naves que representan a Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el querellante René Landaverde,representante de Iniciativa Social por la Democracia (ISD) atribuyéndoles cargos por supuesta revelación y difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos.
En el escrito, también se hace alusión al director de FESPAD, Abraham Abrego y al Director de ISD, José Ramón Villalta, señalando que en notas periodísticas insisten en hacer referencia al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y el informe de inteligencia de FINCEN, señalando que se irrespetó la orden judicial emitida el 8 de enero del presente año, en el sentido de abstenerse de transmitir o publicar, comentar o referirse a tales documentos y agencia que los emitió. A partir de esto el Juez ordena girar certificación de la documentación necesaria al Fiscal General de la República, a fin de que inicie la acción legal que estime pertinente contra las querellantes y el querellante antes mencionados y contra los directores de FESPAD e ISD.
En opinión de las defensoras de Derechos Humanos, quiénes fungen como querellantes del caso esta acción del Juez constituye el inicio de una persecución política y violación a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos tanto de FESPAD e ISD, por haber criticado y hecho señalamientos de la forma en que tanto el Juez como el Fiscal han conducido el caso contra el expresidente Francisco Flores. Puesto que paradójicamente mientras el principal imputado por graves casos de corrupción reside en su casa por una decisión judicial de arresto domiciliar, quienes lo acusan corren la amenaza de estar en la cárcel. Es por ello, que ya han interpuesto una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y presentado un recurso de Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante tales hechos, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local:
- Repudiamos la criminalización de las Defensoras y defensores de Derechos Humanos que en el Caso Flores, fungen como querellantes en sintonía con su compromiso con la justicia y contra la impunidad.
- Reafirmamos nuestro respaldo a quiénes desde el legítimo Derecho a Defender Derechos realizan acciones no violentas para promover, proteger y defender los Derechos Humanos, en este caso el Derecho a la Verdad y Justicia que como ciudadanía salvadoreña tenemos de conocer y juzgar a los responsables de peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito especialmente con fondos donados para proyectos de atención social.
- Respaldamos las acciones realizadas por las organizaciones que representan las querellantes y el querellante a fin de que sea garantizada su libertad, para que puedan continuar siendo parte del proceso judicial y aportar así, al proceso de cese de la impunidad en nuestro país.
- Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar vigilantes de los intentos de retroceso que acciones como la criminalización de la legitima defensa de Derechos Humanos que estás sanciones representan contra las querellantes y el querellante y sus organizaciones evidencian un intento de frenar los avances para la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa.
