El 17 de diciembre del 2014, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, organización miembra del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, realizó la presentación de los hallazgos sobre la situación de los Derechos Humanos en Centroamérica, en el periodo 2013-2014.
El análisis realizado por el Equipo Regional aborda seis ejes principales, a saber: 1. Inseguridad y violencia; 2.Los obstáculos para el acceso a la justicia en Centroamérica; 3.Crisis del modelo democrático; 4.Modelo Neoliberal e inequidad en Centroamérica; 5. Discriminación socio-política y cultural; y 6. Derechos de los pueblos indígenas.
Los principales problemas en materia de derechos humanos que enfrenta la región son generados por los niveles de violencia e inseguridad que se registran y por los conflictos generados desde el modelo de desarrollo adoptado por los diferentes países del istmo.
Se ha identificado a Centroamérica como una de las regiones más violentas del mundo, principalmente el denominado Triángulo Norte, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. El promedio de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 34.8. Sólo los países que conforman el llamado Triángulo Norte poseen una tasa de homicidios de 57.2, en donde Honduras reporta las mayores cifras, seguido de El Salvador y Guatemala; los países que se encuentran al sur de Centroamérica reportan una tasa de 12.3 homicidios por cada cien mil habitantes, constituyéndose Panamá como el país que reporta mayores homicidios, seguido de Nicaragua y Costa Rica. A pesar de que éste último es el país menos violento de la región, se identifica una tendencia al aumento de la violencia.
Los niveles alarmantes de muertes violentas en la región impactan directamente en las mujeres, a pesar de que los diferentes países han creado normativas para su protección éstas no han impactado de forma efectiva. A septiembre de 2014 el número de muertes violentas de mujeres en la región alcanzó las 1,091 víctimas, siendo Guatemala el que reportó mayores cifras, seguido de El Salvador y Honduras.
En su mayoría las políticas públicas de seguridad van orientadas únicamente a la represión de los hechos delictivos, sin tomar en cuenta enfoques que integren la prevención y la resocialización, lo que ha provocado el colapso de los sistemas penitenciarios. En ese orden de ideas, los gobiernos ven limitada la prevención del delito únicamente a la creación de proyectos recreativos: construcción de parques, zonas verdes, construcción de canchas, entre otras, dejando de lado la satisfacción integral de los derechos humanos de la ciudadanía como forma de enfrentar directamente la violencia que vive la región.
La remilitarización de la seguridad pública continúa siendo una tendencia durante los últimos años en los países de Centroamérica. A pesar de que Costa Rica no posee ejército, la policía recibe adiestramiento militar de países caracterizados en la historia por su alta agresividad en este ámbito, a lo que se suma la constante renovación del permiso que da el parlamento de ese país al gobierno estadounidense para la permanencia de buques militares en la región. Per se, la remilitarización de la seguridad pública ha constituido un detonante de violaciones a los derechos humanos.
Los niveles de inseguridad y vulnerabilidad que enfrenta la ciudadanía son catalizados por la falta de acceso de la justicia y la impunidad. Esta última está ligada en su mayoría a los casos en donde se encuentran vinculadas personas u organizaciones con poder económico, político o social.
Por otro lado, El modelo de desarrollo adoptado por los países centroamericanos continúa siendo el mayor generador de condiciones para las violaciones a los derechos humanos en Centroamérica. En este marco, se han creado y consolidado monopolios, se promueven mega proyectos de inversión, se profundiza la discriminación, la desigualdad, pobreza, acumulación de riqueza, e inseguridad. La globalización económica ha utilizado a los Tratados de Libre Comercio para la expansión y consolidación del referido modelo, los cuales han favorecido al poder económico en cuanto a generar condiciones para que la mercancía circule sin ninguna restricción al crear procesos de desgravación arancelaria con los que se reduce la recaudación fiscal estatal y aumenta la ganancia del poder económico transnacional.
A casi diez años de la adopción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana -CAFTA-DR-, los Estados de la región no han elaborado un estudio sobre el impacto que ha tenido el mismo, en el que se determine de manera particular la afectación en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de la población en la región.
Los paraísos fiscales para las grandes empresas a partir de estructuras tributarias regresivas y la acumulación económica en sectores reducidos de la población centroamericana que ha generado el modelo neoliberal bajo la lógica economicista de la teoría del rebalse ha demostrado ser ineficaz para el desarrollo humano en los países centroamericanos.
Para el 2013, el promedio del Índice de Desarrollo Humano -IDH- en Centroamérica fue de 0.674, lo que no representa ninguna variación en relación al 2012. En el caso de que Centroamérica como región fuera incorporada en la lista de los 187 países que evalúa el PNUD, se ubicaría en la posición 112, con un IDH medio. Panamá y Costa Rica se presentan como los países con mayor índice de desarrollo con una posición de 65 y 68 respectivamente, que los ubica en la clasificación de desarrollo humano alto; por el contrario Nicaragua y Honduras registran menor desarrollo ostentado la posición 132 y 129 respectivamente.
Los países de la región poseen cada día sociedades menos homogéneas en el IDH. Según el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad (IDH- D) todos los países de la región poseen desigualdades significativas; no obstante, los países que presentan mayor desarrollo humano son los más desiguales, a tal punto que si fueran evaluados a partir del IDH- D que poseen sus respectivas sociedades, Panamá perdería 18 posiciones de la lista de los 187 países, Consta Rica 11, Guatemala 8, El Salvador 7 y Honduras 6; solamente Nicaragua aumentaría 4 posiciones.
La grave crisis de seguridad y los factores socioeconómicos de la región obligan a las personas a migrar a diferentes partes del mundo, principalmente a Estados Unidos donde sus derechos humanos son constantemente violentados.
La presentación del informe estuvo a cargo de Omar Flores, miembro del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica; participó como comentarista del mismo Roberto Cañas, economista y firmante de los Acuerdos de Paz de El Salvador; además, se contó con la participación de Héctor Carrillo, como delegado del programa DESCA de FESPAD; y Natalia Cárcamo, representando a la Federación Luterana Mundial.
