La desatención del Estado salvadoreño en perjuicio de las familias de las víctimas desaparecidas en el país a manos de agentes estatales, de la desaparecida guerrilla o de las maras es histórica. Eso ha ocurrido durante casi un siglo, a lo largo del cual también destaca la impunidad para favorecer a los perpetradores de dichos delitos en el marco del “mal común” prevaleciente en el país. En ese entorno, durante la posguerra las políticas para combatir la inseguridad, la violencia y –en particular– la desaparición de personas ha sido erradas.
En esta oportunidad se realiza un análisis de la problemática de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental 2019-2022. Esta publicación ha sido realizada en el marco del Proyecto “Sociedad civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador”.