En audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador, las organizaciones participantes presentaron un panorama general de las principales deficiencias estructurales que han conducido a la actual crisis penitenciaria que enfrenta ese Estado.
De acuerdo con información oficial aportada por los participantes, la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario sería de 8,490 plazas, en 22 cárceles para adultos, mientras que la población reclusa ascendería a 28,697 personas, lo que representa un nivel de ocupación general del 338%.
Esta saturación ha traído como consecuencia que los jueces de ejecución penal dispongan la reclusión de personas en celdas de estaciones de policía (bartolinas). En relación con ello, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha observado que de las aproximadamente 1231 personas recluidas en bartolinas de San Salvador, el 93% está bajo prisión preventiva o incluso cumpliendo una sentencia penal.
Los participantes se refirieron a otras graves deficiencias del sistema penitenciario relativas a los servicios de salud, alimentación y agua potable, visitas familiares, condiciones sanitarias y de higiene, y actividades productivas.
El Estado informó acerca del acceso a estadísticas penitenciarias, y sobre algunas medidas paliativas que se están adoptando frente a la actual crisis penitenciaria del país. La Comisión Interamericana hizo énfasis en la necesidad de adoptar políticas públicas integrales en materia penitenciaria, dirigidas fundamentalmente a revertir las causas del hacinamiento.
Fuente: CIDH
