“La militarización del país no contribuye en nada a la solución de la violencia y la criminalidad”
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil, presentamos esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ejecutivo No. 535, de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, con el que se nombró al general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y a Francisco Salinas, como Director General de la Policía Nacional Civil, por considerar, entre otros aspectos, que los nombramientos se realizaron con fraude a la Constitución.
Uno de los fundamentos jurídicos, en los que se basa la demanda, está en el articulo 117 de la Ley de la carrera militar, el cual determina las circunstancias bajo las que se deja de ser militar. Estas situaciones son: 1) Renuncia al grado; 2) Condena que implique destitución militar; 3) Fallecimiento. Ninguna de las anteriores se cumple en los militares Munguía Payés y Francisco Salinas.
Ante tal situación, las organizaciones solicitamos que se declaren inconstitucionales los acuerdos de nombramiento de los generales y que se decrete medida cautelar consistente en suspender los efectos de los acuerdos impugnados y ordenar al Presidente de la República que mientras dure el proceso de inconstitucionalidad nombre en los cargos de Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de Director General de la Policía Nacional Civil a personas cuya situación jurídica de civil sea incuestionable.
Como organizaciones, no estamos protegiendo criminales, sino exigiendo que se respete la Constitución. Consideramos que la militarización del país no contribuye en nada a la solución de la violencia y la criminalidad, sino que al contrario, son decisiones equivocadas, efectistas que generan más luto y dolor a la familia salvadoreña, tal como ha ocurrido en otros países.
