La resolución de seguimiento al cumplimiento de la sentencia 44-2013, dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2018, estableció que el Ministro de la Defensa Nacional y el Presidente de la República debían emitir “un instructivo de naturaleza ejecutiva que proteja la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense, elimine obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que las representan”, en seguimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (2016). Transcurridos dos años de aquella sentencia, FESPAD verificó su cumplimiento por medio de solicitudes de acceso a la información, enviadas el pasado 2 de septiembre de 2020.
En este sentido, el 25 de septiembre y el 5 de octubre, las unidades de acceso a la información del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, respectivamente, declararon vía resolución que es inexistente la información requerida; por tanto, puede decirse que el Ministerio de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República incumplieron el mandato de la Sala de lo Constitucional, en ese apartado en particular.
Lo anterior implica que, tanto los ex funcionarios Salvador Sánchez Cerén (Ex presidente de la República) y David Munguía Payes (Ex ministro de Defensa), como el actual presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y el actual Ministro de Defensa, Rene Francisco Merino Monroy, han desobedecido la orden emanada de la Sala.
Esa falta de cumplimiento a la resolución de la Sala, en cuanto a la emisión del instructivo, puede ser constitutivo del delito de incumplimiento de deberes y desobediencia, tipificados y sancionados en el artículo 320 y 321 del Código Penal.
El acceso a los archivos militares es fundamental para el desarrollo de los procesos judiciales en el país, juicios que se han instalado contra las personas señaladas de cometer graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Todos los gobiernos, desde el año 1992 han decidido proteger a los criminales de guerra, ocultando, destruyendo, y/o negando el acceso a los archivos militares.
