FESPAD, en representación de la Mesa Nacional frente a la Minería –MNFM-, participa en la Reunión con la señora Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos de los Afrodescendientes. Además, estuvo presente la señora Carmen Rosa Villa, Representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas -ACNUDH-
En la reunión se presentan casos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el contexto de proyectos extractivos y turísticos que se desarrollan en Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Chile y Colombia.
En el evento, cada uno de los representantes de los respectivos países presenta casos de violaciones a derechos humanos, los cuales pueden ser tomados en cuenta por la Relatora para ser incluidos en su próximo informe.
En el caso de El Salvador, se presenta la problemática que ha generado en las comunidades la intención de empresas transnacionales de iniciar procesos de explotación minera en el país, así como los conflictos en las comunidades que ha derivado en amenazas y hasta asesinatos de defensores ambientales.
También, se hizo una relación entre la problemática minera con las comunidades indígenas en el país. En este punto se reconoció que el Estado salvadoreño ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas al ratificarlos e incluirlos en el artículo 63 de la Constitución. Además, se mencionó que el Estado salvadoreño ha anunciado el próximo lanzamiento del plan de atención a derechos de pueblos indígenas. Este caso fue presentado por Saúl Baños, de FESPAD.
Por Guatemala, fue presentada la problemática de amenazas, lesiones y asesinatos que ha generado la Minera San Rafael. Este caso fue presentado por Rosario Martínez, de OXFAM.
El evento se desarrolla los días 30 y 31 de julio en Panamá, y la participación de la representación de la MNFM fue posible gracias al apoyo de OXFAM y al la Fundación del Debido Proceso Legal –DPFL-
