FESPAD da a conocer su posicionamiento ante diversas situaciones que se han suscitado recientemente en el país, y que dan muestra de los retrocesos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción:
Con mucha preocupación en las últimas semanas hemos sido testigos de algunos acontecimientos que uno tras uno se han ido sucediendo y que poco a poco van configurando retrocesos en los pocos avances que el país ha tenido en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
A mediados de mayo, las fracciones legislativas de los partidos políticos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), presentaron una propuesta de reforma a la Ley Especial de Extinción del Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita –en adelante Ley de Extinción del Dominio- por considerar que la aplicación de la Ley por parte de la Fiscalía General de la República lesiona derechos constitucionales de la propiedad y posesión.
A finales de mayo el periódico digital El Faro publicó que durante los años 1994 y 2006 la presidencia de la República mantuvo un registro paralelo al oficial para ocultar el verdadero uso de cientos de millones de dólares. Se sostiene en la publicación la forma en cómo se utilizaron 322 millones de dólares en los tres últimos Gobiernos de ARENA y que más de la mitad de ese monto corresponde a cheques emitidos a los tres expresidentes de ese partido político.
A principios de junio, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR), en aplicación de la Ley de Extinción del Dominio, inició el embargo de nueve propiedades del expresidente Francisco Flores, ubicadas en diferentes departamentos del país.
A mediados de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante medida cautelar suspendió la juramentación por parte de la Presidencia de la República del nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) proveniente del sector empresarial, lo que junto al permiso solicitado por el comisionado Jaime Campos quien ha asumido otro cargo en FOMILENIO II, y a la negativa de su suplente de asumir el cargo, ha paralizado actualmente el trabajo de la entidad.
También, a mediados de junio, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Sección de Probidad investigar por posible enriquecimiento ilícito a 11 personas que supuestamente recibieron dinero en concepto de sobresueldos cuando ocuparon cargos públicos en los Gobiernos de ARENA.
El martes 20 de junio la Corte Suprema de Justicia declaró como reservados los informes de la investigación de presuntos actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios, a cargo de la Sección de Probidad de ese Órgano de Estado.
A finales del mismo mes, la Asociación de Radio Difusores –ASDER– desarrolló un foro sobre el respeto que los medios de comunicación deben tener para no atentar contra el principio de inocencia de las personas, esto dado a que en los últimos meses, varios ciudadanos salvadoreños (empresarios, ex funcionarios e incluso funcionarios), han sido objeto de una serie de detenciones administrativas giradas por la Fiscalía General de la República en casos que posteriormente son judicializados. Es por estos casos de cobertura periodística en los que el principio de presunción de inocencia no se ha aplicado correctamente y la gente implicada queda condenada mediáticamente, ASDER realizó una capacitación para periodistas de los distintos medios de comunicación para que la prensa maneje correctamente el tema.
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