Reforma a Ley de la carrera administrativa municipal

El día 5 de septiembre del corriente año la Comisión Especial de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL-, responsable de dar seguimiento a la propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con el acompañamiento técnico jurídico del programa DESCA de FESPAD, fueron recibidos por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa.

El recibimiento se da luego de la solicitud de audiencia hecha por la comisión de la MPJL el día 09 de agosto. En esa fecha, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dio una primera revisión a la propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y en tal sentido acordó dar por recibida la pieza de correspondencia para ser estudiada. En ese marco, también acordó brindar audiencia a la Comisión de la MPJL.

En la audiencia, Guillermo Mejía, del Sindicato de Trabajadores del Municipio de San Salvador -SITRAMUSS-, y vocero de la comisión de la MPJL, explicó a los diputados/as cuál es la problemática que enfrentan los trabajadores/as municipales cada vez que hay cambio de gobierno en las comunas. Al respecto, señaló que los/as trabajadores/as son sometidos a constantes arbitrariedades que atentan contra sus derechos más elementales. Asimismo, indicó que la incertidumbre tiene implicaciones en la salud y por ende, la buena administración municipal. Mejia también explicó cómo surge la propuesta de reforma en la MPJL y el apoyo que ésta ha logrado en diversos sectores.

Por su parte, Héctor Carrillo, colaborador Jurídico del Programa DESCA de FESPAD, explicó el fundamento material y jurídico de la propuesta. Por una parte, indicó que las arbitrariedades que permite el contenido actual de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal generan crisis constantes que afectan los servicios que prestan las municipalidades. También consideró que la afectación de los derechos de los trabajadores/as va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los institutos políticos que lo permiten. Por otra parte, explicó el fundamento constitucional de la reforma y señaló que con ella se pretende: 1) Determinar taxativamente cuáles son los puestos de confianza en la administración municipal, para así evitar el uso arbitrario de esa figura; 2) Establecer la autorización judicial como requisito para la supresión de plaza o cargo, evitándose que bajo tal argumento se den despidos de hecho; 3) Incluir el derecho a indemnización universal de un sueldo por cada año de trabajo; 4) Establecer un procedimiento de tutela judicial para la protección de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras; 5) Incluir la responsabilidad patrimonial directa de Alcalde, miembros de los Consejos Municipales o máximas autoridades administrativas por los daños y perjuicios que ocasionen a los trabajadores y trabajadoras al violarles cualquiera de sus derechos.