“Ley no representa ninguna oportunidad estratégica para el desarrollo nacional”
En el marco de la propuesta de Ley de Asocio Público-privado impulsada por el gobierno de El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica; en la que se integra FESPAD, brindó el pasado 16 de noviembre una conferencia de prensa en la que manifestó su total rechazo hacía la referida ley y al acuerdo “Socios para el Crecimiento con Estados Unidos”.
Para las diferentes organizaciones que integran la Mesa, las propuestas se traducen en la continuidad de políticas neoliberales de privatización de servicios públicos que afectarán los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población salvadoreña. En el tema ambiental, la Mesa dijo que la ley “pretende ser utilizada como una herramienta para la aprobación de proyectos mineros en el país, los cuales en lugar de representar oportunidades estratégicas de crecimiento para el desarrollo, vendrían a empeorar la situación de vulnerabilidad del territorio nacional”.
En este contexto, el Dr. Ángel Ibarra de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) expresó que “las empresas no son altruistas, al contrario, su objetivo es la generación de ganancia”. Agregó que como Mesa frente a la Minería Metálica les preocupa que en El Salvador se estén repitiendo políticas que ya se ha demostrado están equivocadas, por buscar el lucro del mercado y no el de las mayorías.
La Mesa se dirigió a las autoridades de Gobierno para proponer la realización de Asocios Públicos-Comunitarios para la gestión sustentable de cuencas, bosques, zonas protegidas, etc; el cual, según los voceros, es reconocido como un derecho de las poblaciones, estipulado en la Constitución de la República y en diversos tratados internacionales como el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad del SICA, la Convención de Río de 1992, entre otros.
Además del tema ambiental, los representantes de la Mesa declararon rechazar la propuesta de Asocio Público-Privado porque ésta contempla la posibilidad de trasladar los costos de los servicios directamente a las y los usuarios, ya que la figura de contrato autosostenible que incluye la propuesta, otorgaría al sector privado flexibilidades para fijar precios, considerando únicamente su rentabilidad económica y no las posibilidades adquisitivas de las mayorías.
