El pasado 16 de marzo, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrolló audiencia sobre la “situación general de los derechos humanos en El Salvador”. La audiencia fue solicitada por FESPAD junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en representación de una veintena de organizaciones de víctimas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos.

En la referida audiencia estuvieron presentes Alejandra Nuño y Paola Limon, en representación de CEJIL, Benjamin Cuellar, director del IDHUCA y Abraham Abrego, Subdirector de FESPAD. Los representantes del Estado no acudieron a la misma, ni a otra audiencia sobre la violencia de género desarrollada más tarde, lo que fue muy cuestionado. Esto tomando en cuenta que estos espacios facilitan el intercambio de ideas, posibilitan un diálogo entre Estados y organizaciones de la sociedad civil, y dan la opción para que la CIDH emita recomendaciones y sugerencia al Estado para avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos.

Las organizaciones peticionarias expusieron que la fecha en que se realiza esta audiencia coincide con el cumplimiento de 20 años de la emisión del informe de la Comisión de la Verdad, titulado “de la locura a la esperanza”, el cual ha sido valorado por la CIDH en sus informes temáticos (como el de la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador de 1994), y en la valoración de hechos violatorios en el trámite de casos.

También recordaron que Comisión ha sido categórica en recomendar la derogación de la Ley de Amnistía en los casos de las ejecuciones de Monseñor Romero, del caso Ellacuría y otros y de la masacre las hojas (entre otros). Juzgaron como paradigmático el hecho que El Salvador sea, tal vez, el único país de América Latina en el que no haya habido avance en ninguno de estos casos pues todos se encuentran en la impunidad.

En referencia a los derechos económicos, sociales y culturales expusieron las dificultades del país por la crisis financiera internacional, la situación de desigualdad en la distribución de la riqueza e hicieron énfasis en las violaciones que sufren pobladores en relación a su derecho a la vivienda debido a desalojos forzosos originados por megaproyectos de inversión: y en la situación de los derechos laborales tanto en el sector público y privado, enfatizando las graves violaciones contra mujeres en la maquila y las diferencias salariales con los hombres.

También hicieron referencia a los índices de violencia y las altas tasas de criminalidad en El Salvador (71 homicidios por cada 100,000 habitantes), a las deficiencias del sistema penitenciario que alberga a más de 25,000 personas cuando solo tiene capacidad para 8,400 internos. Aunque reconocieron que la denominada tregua redujo en 2012 los homicidios en un 40%, consideran que la política desplegada por el gobierno aún no despeja dudas sobre el trasfondo y la eficacia de los acuerdos logrado pues no existe un marco jurídico y político articulado orientado a resolver de manera integral esta problemática. Además expusieron los obstáculos a la independencia judicial derivados de la crisis institucional suscitada en 2012 entre la sala constitucional y la Asamblea Legislativa, a lo que la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y los abogados, Gabriela Knaul, califico de “serias interferencias en el Órgano Judicial por parte de otras “ramas de los poderes públicos”, lo que “socavó gravemente la independencia” de dicho Órgano y el “principio de separación de poderes”.

El informe presentado hace referencia además a la situación de las deportaciones de salvadoreños que sumo poco más de treinta y un mil salvadoreños desde Estados Unidos de América (EUA) y México entre enero y el inicio de diciembre del 2012, migración en que se constata las severas limitaciones para el acompañamiento y solución de los problemas los migrantes, así como una muy baja capacidad institucional para registrar y dar seguimiento a violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de connacionales en su proceso de retorno.

Las organizaciones peticionarias solicitaron a la Comisión una visita a El Salvador para verificar la situación de los derechos humanos, tomando en cuenta el tiempo ya transcurrido del último informe que se hizo sobre El Salvador.