Presentamos un análisis de normativas nacionales de tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador) a la luz del marco internacional en la materia, así como de la estructura organizativa del Órgano Judicial de cada país y sus presupuestos. A partir de ello, se han identificado avances, obstáculos y desafíos, procurando aplicar un enfoque basado en derechos humanos y el enfoque de género, así como la identificación de actores relevantes que inciden a favor o en contra de garantías para el ejercicio de independencia e integridad judicial, algunos de ellos calificados por las mismas personas operadoras judiciales como obstáculos o amenazas.
Se plantean conclusiones generales y analíticas que por su nivel de especificidad pueden derivarse en recomendaciones de política pública, así como también se finaliza con recomendaciones mucho más puntuales de aplicación en cada país, concluyendo con una referencia regional.
