Este documento, además de aportar insumos para una política integral de seguridad ciudadana, con enfoque de derechos humanos, de igualdad y no discriminación, también se configura como una genuina agenda política alternativa en materia de seguridad ciudadana.
Su amplitud y profundidad refleja el extenso proceso participativo con el que fue construido, así como su amplio respaldo organizativo, por lo que también se convierte en un instrumento válido para el diálogo y la interlocución con el Gobierno central, pero también con otros órganos e instituciones del Estado, así como con los concejos municipales, la academia, los medios de comunicación y la población salvadoreña organizada en el territorio.
