El pasado 19 de marzo de este año, FESPAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), participaron en una audiencia temática sobre la situación de personas privadas de libertad en El Salvador, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, USA.
La referida audiencia se dio en el marco del 154o período ordinario de sesiones de la CIDH. En representación del Estado salvadoreño acudieron funcionarios de cancillería, el Embajador ante la OEA, Francisco Lainez y el Director General de Centros Penales, Rodil Hernandez.
FESPAD y CEJIL plantearon que el hacinamiento carcelario es un problema grave que trae consigo consecuencias de distinta naturaleza. Señalaron como causas el uso excesivo de la medida de detención provisional por parte de la Fiscalía General de la República y de los Jueces de Paz o Especializados de Instrucción, y la resistencia de las instituciones de adoptar medidas sustitutivas de cumplimiento de la pena.
En los 19 centros penitenciarios que albergan a población adulta se encuentran, según datos de la Dirección General de Centros Penales, 28,697 personas detenidas, mientras la capacidad instalada de dichos centros es para 8,490. Lo que implica un hacinamiento de 338%. A esto debe sumarse las más de 3,000 personas recluidas en bartolinas policiales.
Las organizaciones llamaron la atención especialmente sobre la situación critica que se vive en las bartolinas policiales, que no reúnen las condiciones adecuadas para funcionar como cárceles; la afectaciones al derecho a la salud, especialmente de personas con enfermedades crónicas y terminales y lo limitado de los programas de reinserción laboral.
La representación del Estado, si bien reconoció la situación problemática carcelaria, señaló algunos avances que consideraron relevantes como la construcción de una base de datos actualizada sobre la población penitenciaria que se encuentra disponible para el público, el Programa de Reinserción “Yo cambio”, así como la capacitación al personal penitenciario.
Los y las miembros de la CIDH plantearon sus interrogantes y preocupación sobre el problema carcelario en El Salvador, cuestionando si el Estado salvadoreño había analizado estrategias para disminuir el hacinamiento carcelario y si se estaba debatiendo el tema en la sociedad salvadoreña.
El problema de las personas privadas de libertad, es un tema al que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado seguimiento en otras audiencias o mediante el Relator especial en la materia, quien visitó El Salvador en 2010. Este tipo de audiencias contribuye a actualizar la información sobre el tema, compartir puntos de vista con el Estado, y en particular impulsar cambios.
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