2011 presenta alarmante crecimiento de violaciones a defensores/as de derechos humanos
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos humanos de Guatemala (UDEFEGUA), presentaron este 12 de julio el primer informe de monitoreo y registro de violaciones a defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador que comprende el segundo semestre del año 2010 y el primer semestre del 2011.
De acuerdo al informe, los defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador se enfrentan a diversos actos de intimidación y represalias en su trabajo por la defensa de los derechos humanos, estas agresiones y criminalización forman una constante que se ve claramente reflejada en el monitoreo y registro de estas violaciones, evidenciando un alarmante crecimiento desde finales del 2010 a la fecha, no solo cuantitativamente, sino también en el nivel de violencia y la relación de los medios utilizados con estructuras del crimen organizado, y más grave aun, fuertes indicios de cooperación del poder local y de algunos funcionarios gubernamentales.
Según el documento entre marzo y noviembre de 2010 se recibió un promedio de dos a cinco casos de violaciones al mes, mientras que en el primer semestre del año 2011 los casos denunciados incrementaron un 53.44%. Además se presentan los municipios donde se registra un mayor número de ataques a defensoras/es, siendo San Salvador con un 44.45% el que encabeza la lista, seguido por Ilopango con un 27.72% y Santa Marta con un 11.26%.
Asimismo el informe arroja que los defensores/as más atacados durante el período mencionado son los sindicalistas con el 57.30%, siendo el género masculino el más atacado con un porcentaje de 60% de los casos registrados, estos ataques han sido perpetuados en su mayoría por los empresarios finqueros con un 41% de los casos.
Para FESPAD y UDEFEGUA la defensa del derecho a defender derechos en El Salvador es aun incipiente, las agresiones sufridas por las y los defensores de derechos humanos deben ser monitoreadas y registradas para activar un mecanismo de protección articulado desde las organizaciones y que pueda exigir a las autoridades gubernamentales a cumplir con su obligación de protección.
