Presentación de investigación: “Observatorio de la justicia penal juvenil en El Salvador”

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), presentaron este 28 de marzo, el “Observatorio de la Justicia Penal juvenil en El Salvador”, investigación realizada en el marco de la aprobación de la Ley Penal Juvenil, con la que se da inicio a un proceso de adecuación de su normativa nacional a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de las personas menores de edad.

El Observatorio es un proceso de investigación que permite captar y visibilizar los principales desafíos con relación a la profundización de las reformas de justicia y es una herramienta que posibilita acciones de incidencia muy concretas, sobre la base de evidencias empíricas, para cambiar no sólo las normas sino también las prácticas cotidianas en el ámbito de la justicia penal.

La metodología implementada en el desarrollo de la investigación fue expuesta por el Lic. Mario Avalos Quispal del Departamento de Investigaciones del ICCPG, quien señaló que el estudio fue realizado a partir del Plan de Investigación del Observatorio Centroamericano de Justicia Penal Juvenil, construido por el ICCPG, durante los meses de mayo a junio del año 2011. Entre los principales aspectos metodológicos en el desarrollo de la investigación se incluyeron el desarrollo de una muestra representativa de expedientes judiciales durante el año 2010, asimismo se recurrió a la observación de audiencias; la realización de boletas de opinión de usuarios y usuarias del sistema penal juvenil; entrevistas a adolescentes privados de libertad, entrevistas a jueces y juezas; directores de los centros de reinserción social y entrevistas a un grupo de expertos en la materia.

Los aspectos seleccionados en el observatorio fueron: normativo, acceso a la justicia, cultural, organización y gestión, económico y resultados de funcionamiento, en los que según lo expuesto en el evento por la Licda. Ismelda Villacorta, coordinadora de la investigación y miembra de FESPAD, el número de defensores públicos por cada cien mil habitantes en extrema pobreza menores de 16 años es de 1.43, lo que genera como consecuencia la suspensión de audiencias por ausencia del defensor público, poniendo en desventaja a los adolescentes en conflicto con la ley sometiéndoles a condiciones de desigualdad y a la dilación del proceso. Asimismo el estudio reflejó que el 66.66% de los usuarios/as considera como bueno el cumplimiento de las funciones de los Jueces y Juezas, seguidos de la defensa pública y privada con un 58.33% y 44.44% respectivamente; siendo los peor valorados en el cumplimiento de sus funciones los policías y la fiscalía, a los cuales el 61.11% y 41.66% de usuarios calificó con un mal desempeño en sus funciones.

Los comentarios al Observatorio realizado fueron vertidos por el Lic. Oscar Alirio Campos Ventura, Coordinador de la Unidad de la Justicia Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia; Licda. Cristabel Portillo, Jueza de Menores de San Miguel y Lic. Evenor Sotomayor de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes recalcaron la necesidad de especialización de los defensores públicos y la falta de recurso económico y humano en la PGR para atender a los menores en conflicto con la ley.