Debido a que la compañía Pacific Rim está utilizando las reglas de arbitraje inversionista-estado para subvertir el debate democrático y nacional sobre la minería en El Salvador, un tema que no debería de ser decidido por un tribunal del Banco Mundial (el CIADI), como lo demandan más de 300 organizaciones de todo el mundo en una carta reciente al Presidente del Banco Mundial.
No obstante ello, abusando del procedimiento diseñado para atraer jurisdicción bajo el CAFTA-DR (por sus siglas en inglés), Pacific Rim realizó una “búsqueda de jurisdicción” para lanzar su demanda contra El Salvador y trasladó su filial desde las Islas Caimán al estado de Nevada en los Estados Unidos. Este truco le falló a Pacific Rim. Sin embargo el CIADI permitió que la compañía proceda con el caso bajo una ley de inversión salvadoreña desactualizada que permitía a las empresas recurrir a tribunales internacionales. Desde entonces, esa ley fue enmendada para prevenir que las corporaciones transnacionales sobrepasen los tribunales salvadoreños. Es decir que ya no pueden llevar casos directamente al CIADI. Sin embargo la enmienda no es retroactiva y el caso continúa.
El amplio rango de organizaciones locales y nacionales salvadoreñas que se oponen a la minería en su país, no tiene una voz en el proceso judicial del tribunal. Los árbitros únicamente consideran si se han violado o no las leyes de protección a la inversión. La demanda de la compañía es por 301 millones de dólares, cantidad mucho mayor a los 77 millones que asegura haber invertido hasta la fecha. El dinero gastado en este caso podría tener mejor uso. Los impactos de las actividades de la compañía hasta la fecha deberán ser adecuadamente indemnizados y restituidos.
Pero las organizaciones sociales sí pueden intervenir en la etapa de fondo del proceso que se lleva contra El Salvador, es a través de lo que se conoce como Amicus Curiae (amigos de la corte), que es un recurso donde se puede presentar argumentos para contribuir con el tribunal para que tome una mejor decisión. Distintas organizaciones sociales presentaron ya un Amicus Curiae en este caso, pero eso fue en la etapa jurisdiccional.
En esta nueva etapa, la de fondo, cabe la posibilidad de presentar uno nuevo. Es por esa razón que distintas organizaciones sociales salvadoreñas -entre ellas FESPAD-, en coordinación con el Centro Internacional de Derecho Ambiental -CIEL-, y OXFAM Internacional, han iniciado un proceso para la identificación de argumentaciones que puedan servir de base para la elaboración y presentación del Amicus Curiae.
