En reiteradas ocasiones se ha señalado que, en El Salvador, la insatisfacción del derecho a la vivienda adecuada es grave.
Para el 2015 el déficit total por unidades de vivienda era de 1,388,477, y el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo ascendía a 91%; es decir, de cada 100 familias 91 no poseen una vivienda o
se encuentran en condiciones inadecuadas, según el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Por otro lado, el nivel de hacinamiento asciende al 39.8% según datos oficiales.
Ante la insatisfacción del derecho humano a la vivienda adecuada y a pesar de la zozobra e inseguridad jurídica que ello representa, las familias salvadoreñas han optado por desarrollar asentamientos humanos en diferentes puntos del país.
No existe normativa que desarrolle el derecho constitucional a la vivienda adecuada, por lo contrario, hay leyes que permiten los desalojos forzosos.
El 24 de febrero del presente año el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y su equipo técnico, se presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, para exponer la necesidad de transferir al Estado alrededor de 64 propiedades que se encuentran ubicadas en áreas naturales protegidas.
En las declaraciones emitidas ante dicha Comisión, la delegación del ISTA refirió que dichas propiedades se encontraban “usurpadas”, y por lo cual se promovería su “recuperación”. Es lamentable que, lejos de abordar la problemática con enfoque de derechos humanos y brindar soluciones habitacionales a los diferentes asentamientos humanos, se impulsen acciones que
generarían desalojos forzosos.
Es claro que la intención del Estado, develada por representantes del ISTA, es convertir esas áreas naturales protegidas en zonas orientadas a la actividad económica, lo que dista mucho de la
protección del medio ambiente. Es preocupante que la debilidad normativa e institucional en materia del derecho a la vivienda adecuada y al medio ambiente sano se vea incrementada con iniciativas que promoverían desalojos forzosos y que verían con un enfoque mercantilista las áreas naturales protegidas.
Es indispensable que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Vivienda Adecuada y Hábitat que garantice tal derecho. Llamamos al Estado a desistir de estas acciones que provocarían desalojos forzosos y, en su lugar, proponga soluciones habitacionales estructurares a los asentamientos humanos irregulares.
San Salvador, 7 de marzo de 2022.
