COMUNICADO DE PRENSA
La Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, espacio que, desde hace cuatro años, une a diferentes organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. Ante los hechos vividos durante la recién semana pasada, EXPRESA:
- Con el desarrollo del Programa de Ajuste Estructural, impulsado por los gobiernos de ARENA, la brecha de desigualdades y de exclusión fue creciendo, generando con ello entre otros elementos, grandes éxodos migratorios en búsqueda de mejores condiciones de vida.
- Los grupos conocidos como “maras o pandillas”, no son ajenos a este tipo de fenómenos sociales, en donde siendo parte de estos procesos de exclusión tanto a nivel nacional, como fuera del país, se inició una construcción de sujetos sociales, reivindicando sus derechos, por el solo hecho de ser catalogados como “delincuentes” con el acto de migrar.
- Que estos grupos, a su vez, han sido respaldados por un poder real que aún funciona en El Salvador. Este poder del que hablamos, es al que dentro de sus construcciones no le conviene ver cambios estructurales en nuestro país, pues implicarían una re-composición del aparato económico sobre el modo de acumulación al que están acostumbrados.
- Que si bien es cierto, estos jóvenes son una generación creada por graves problemas estructurales como la histórica inequidad social y económica, la división de las familias, el desempleo, la falta de oportunidades, la exclusión, muchos de ellos son parte responsable de un porcentaje de los hechos de violencia, incluyendo asesinatos. Sin embargo, estos grupos, terminan teniendo un doble papel de víctimas y victimarios, donde se convierten en sujetos de la manipulación de quienes ostentan y defienden el poder real.
- Que no es coincidente, que estos hechos ocurrieran, en ausencia del Jefe de Gobierno, Presidente Mauricio Funes, queriendo mostrar un lado incapaz para abordar situaciones de crisis y de criminalidad.
- No es coincidente tampoco, el actuar de algunos medios de comunicación en una campaña peligrosa generadora de miedo y desestabilización.
- Que es necesario generar las bases que propongan una nueva forma de construcción del Estado, en la que los intereses de pequeños grupos no se sobrepongan a la edificación de una democracia participativa que le dé sentido a una nueva etapa de capacidad de análisis y participación de la población. Todas aquellas iniciativas que vayan en tenor de generar una verdadera cultura de paz, cuentan con el respaldo de esta Concertación.
Frente a esta situación hacemos un urgente llamado:
- Al Presidente de la República y al Gabinete de Seguridad para que asuman el liderazgo necesario que conduzca al diseño e implementación de una verdadera política de seguridad pública, basada en principios democráticos y de plena inclusión y participación social, en la que deben estar recogidas las expectativas y propuestas de todos los sectores de la vida nacional.
- A la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial, a redoblar esfuerzos para combatir eficazmente una de las principales causas de la violencia y la criminalidad: La impunidad. Solo combatiendo el delito y a sus hechores, se logrará la verdadera paz.
- A la Asamblea Legislativa a que responsablemente asuman los compromisos para cuyo cumplimiento este pueblo les eligió; superando intereses partidarios y de pequeños grupos de poder fáctico.
- A los medios de comunicación, que asuman con responsabilidad histórica, el reto de un verdadero y profundo ejercicio de libertad de expresión, alejado de la promoción de intereses particulares; deberían concentrar su atención en las necesidades e intereses de las mayorías vulneradas y excluidas, quienes son al final, quienes sufren en grado mayor los estragos de la violencia y la criminalidad que impera en el país.
- A la sociedad civil organizada, a redoblar esfuerzos de organización, unidad y movilización para continuar la tarea inconclusa de construir la democracia. Las organizaciones sociales y populares tenemos la legitimidad y la experiencia acumulada para proponer y exigir a las instituciones responsables, atención prioritaria y calificada a esta realidad.
- A la sociedad salvadoreña en general, a tomar conciencia que la solución de los problemas derivados de la injusticia, la violencia en todas sus expresiones, la inseguridad y el irrespeto a los derechos humanos, será una realidad, cuando creativa y organizadamente participemos en la solución de los mismos. Ningún gobierno puede lograrlo sin la participación ciudadana.
Esta Concertación quiere dejar claro que sus organizaciones condenan todas las manifestaciones de violencia, independientemente de su procedencia. El combate a la criminalidad en todas sus expresiones y la violación a los derechos – que también es un acto criminal – debe ser combatido con toda la fuerza y la eficacia de la que dispone el Estado, y las fuerzas sociales vivas del país deben dar su aporte desde sus correspondientes roles.
De manera especial, expresamos nuestro respaldo al Padre Antonio Rodríguez López, de quien conociendo su trayectoria y su trabajo pastoral, estamos seguros que su actuar el martes 7 anterior, fue un acto de buena fe, buscando contribuir a la grave problemática nacional.
San Salvador, 14 de septiembre de 2010.
