La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, de la cual FESPAD es parte, lamentó los pocos avances en la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada un 29 de marzo hace 5 años, dado que hasta la fecha el Estado no ha realizado el cierre técnico correcto y adecuado de 15 minas abandonadas en el país, así como otras acciones.
Las organizaciones lamentan que por parte del Gobierno tampoco hay intenciones de hacerlo a corto o mediano plazo, ya que el presupuesto 2022 del Ministerio de Medio Ambiente -MARN – y del Ministerio de Economía -MINEC- no contempla ninguna asignación de fondos para hacer los cierres técnicos de las minas ni los procesos de remediación ambiental en los 15 pasivos ambientales mineros.
Omar Flores, de FESPAD y parte de la Mesa, señala que tampoco se han creado las condiciones idóneas para las familias que subsistían de este oficio en el Cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión. «Hemos insistido que en términos de la minería artesanal no se ha iniciado un proceso de conversión de las personas que se dedicaban a esta actividad. No se conocen programas estatales para atender a esta población, tal como lo exige la Ley , por lo tanto, hay una deuda importante en su cumplimiento», menciona.
¿Cómo amenaza la minería a nuestro país aún?
CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
Por lo menos 7 de las 15 minas abandonadas ubicadas en la zona de San Miguel, La Unión y Morazán siguen produciendo drenaje ácido, el cual contaminaría los ríos, tal como sucedió con el Río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión, contaminado por la empresa minera Commerce Group cuando explotó oro y plata hace muchos años. La contaminación de los ríos pone en riesgo el derecho humano al agua de la población, así como la vida de los animales y la vegetación. A esto se suma la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, la cual da más ventajas a las empresas que hacen negocio con la explotación del agua a costa de la sed de las grandes mayorías.
MINERÍA TRANSFRONTERIZA
Además de la contaminación ambiental generada por las minas abandonadas en El Salvador, los proyectos de minería metálica que están en las zonas transfronterizas son un riesgo, particularmente la mina transfronteriza “Cerro Blanco”, ubicada al sur de Guatemala en Asunción Mita, Jutiapa y colindando con el municipio de Metapán en Santa Ana, El Salvador. Representa una amenaza para el río Ostúa y el lago de Güija, que es un cuerpo de agua binacional entre Guatemala y El Salvador. Son al menos 50 proyectos de minería metálica los que están ubicados en la zona de frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos ellos contaminarían son un peligro latente para el Río Lempa, la principal fuente de agua para las y los salvadoreños-as.
QUE SE REVIERTA O MODIFIQUE LA LEY
Aunque existe una Ley que prohíbe la minería, hay una preocupación que esta sea derogada o modificada, tomando en cuenta algunas acciones que se están promoviendo desde el Órgano Ejecutivo: En mayo de 2021 el gobierno salvadoreño se incorporó como miembro al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en los países que son sus miembros. A finales del año, el gobierno encargó a esta institución que hiciera una evaluación del potencial que tiene el país para explotar la minería no metálica.
A finales de octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para la creación de la nueva Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos, con un contenido ambiguo en el que no se deja claro a qué tipo de explotación minera se refieren, generando más preocupación de que se esté buscando maneras de revertir la prohibición de la minería metálica.
Por otra parte, las empresas mineras transnacionales siguen promoviendo a la minería metálica como una actividad “responsable y amigable” al medio ambiente y como una solución económica para países como El Salvador.
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Puede ver la transmisión de la conferencia aquí:
