El 17 de diciembre del 2014, a diez años de haberse ratificado el CAFTA-DR distintas organizaciones de las sociedad civil, macharon desde el Parque Cuscatlán, hacia el edificio de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- para exigir celeridad en el proceso constitucional contra dicho tratado y que el mismo sea declarado inconstitucional.
El CAFTA-DR fue ratificado por el Decreto Legislativo No. 555, de fecha 17 de diciembre de 2004, por lo que se interpuso una demanda de inconstitucionalidad el 1 de marzo de 2007, la cual se admitió por parte de la Sala de lo Constitucional el 30 de octubre de 2009.
La petición dirigida a la Sala de lo Constitucional de la CSJ recuerda a los miembros de la misma algunos vicios de forma en el proceso de ratificación del tratado y vicios de fondo en las normas del mismo, a saber: a) la ausencia de discusión del contenido del CAFTA-DR; b) la violación al principio de igualdad jurídica; c) la violación a la atribución de la Asamblea Legislativa de decretar impuestos y tasas; d) la contradicción que se establece con la preeminencia de la integración centroamericana y del Protocolo de Tegucigalpa; y e) la contradicción con la figura de expropiación directa, entre otros. La retardación en la emisión de la sentencia definitiva no contribuye al fortalecimiento institucional, a la protección jurisdiccional, la seguridad jurídica y el de pronta y cumplida justicia que posee toda la ciudadanía y a la construcción de un Estado Constitucional de Derecho.
A partir de la relevancia de los puntos señalados y lo determinante que son para la vida de la ciudadanía, ya que se ve amenazada la soberanía en general y la soberanía alimentaria en particular, la forma republicana y democrática de gobierno, los principios y valores enunciados y reconocidos en nuestra constitución, las organizaciones sociales consideran que se debe de emitir sentencia definitiva lo antes posible ya que dicho tratado atenta contra nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA-, declarando inconstitucional el CAFTA-DR .
Por otra parte señalaron el desinterés de la sala en emitir sentencia definitiva al respecto. Manifestando que existe retardación de justicia en el proceso constitucional del referido tratado ya que se ha identificado en el devenir del trabajo realizado por la Sala de lo Constitucional preocupación por reducir la mora judicial y su especial acción oportuna cuando se tratan de derechos civiles y políticos. No obstante, cuando se ven amenazados los DESCA mediante el CAFTA-DR se identifica la misma celeridad en el proceso constitucional.
En la acción participó Omar Flores, del programa DESCA de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-
