El pasado martes 17 de diciembre, representantes de diversas organizaciones sociales y populares presentaron unescrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia, solicitando restablecer las facultades para la investigación de la Sección de Probidad, que le fueron eliminadas hace algunos años por presiones de algunos sectores interesados y ex funcionarios públicos que estaban siendo investigados por posible enriquecimiento ilícito.
En el año 2005, la Sección de Probidad quiso investigar el patrimonio de altos funcionarios de gobierno; sin embargo, no pudo realizar dicha tarea porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le quitó la función de solicitar directamente información al sistema financiero.
Por eso las organizaciones también exigen la reapertura de la investigación contra esos ex funcionarios.
Las organizaciones demandan de la Corte Suprema de Justicia acciones contra la corrupción, tal como lo están haciendo ya la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República.
Como parte de la agenda de incidencia contra la corrupción, las organizaciones también propondrán a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial para investigar las concesiones estatales otorgadas por los gobiernos anteriores: concesiones del subsuelo, del espectro radioeléctrico, entre otras.
Las organizaciones se proponen activar todas las instancias estatales contra la corrupción y despertar la indignación ciudadana contra la corrupción.
