Por Juan Gasparini
Ginebra, 5 de octubre.- Creación de nuevas leyes y aplicación de las que no se cumplen, mejoras a la implementación de los derechos humanos de los niños, respeto a la comunidad LGBTI, legalización del aborto según los estándares de Naciones Unidas, garantías para acceder al agua y el saneamiento, y abrogación de la Ley de Amnistía, figuraron entre las reivindicaciones que expusieron los representantes de un colectivo de 16 Organizaciones No Gubernamentales salvadoreñas, estos últimos días en la sede europea de la ONU en Ginebra.
Concurrieron Adolfo Vidal, del Plan por la niñez, Xenia Marroquín, del Programa de ASPRODE de incidencia y Derecho Humano al agua, Karla Avelar, de Comcavis Trans, y Saúl Baños, coordinador del programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del FESPAD. La visita tuvo lugar en las vísperas que el gobierno salvadoreño comparezca en el llamado Examen Periódico Universal (EPU), la revisión global de derechos humanos, a la que están obligados todos los miembros de la ONU cada cinco años, prevista para el próximo lunes 27 de octubre en Ginebra.
El EPU consiste en un revisión entre pares, donde el país examinado debe pronunciarse sobre recomendaciones que le formulan los demás países para que mejore la protección y promoción de los derechos humanos. Si bien es un ejercicio entre Estados, la sociedad civil y el Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, presentan informes, al igual que el Estado concernido, para animar el debate oral, que dura tres horas.
En las siguientes 72 horas es elaborado un documento, que recoge las recomendaciones formuladas, sobre las cuales el país bajo examen debe indicar si las acepta o las rechaza. Puede hacerlo de inmediato, o llevárselas a estudio por un plazo de 3 a 6 meses, conforme a la agenda de las 10 semanas anuales de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que debe aprobar el informe final, incorporando entonces la respuesta escrita del país examinado a las recomendaciones.
Trascendió que las ONG salvadoreñas mantuvieron contactos con funcionarios de la ONU que monitorean los problemas de derechos humanos en el continente americano. Asimismo se reunieron con los diplomáticos de los países de la región, y también de otras latitudes, especialmente con algunos miembros la Unión Europea. Les solicitaron que durante el desarrollo del EPU de El Salvador se hagan eco de las reivindicaciones de la sociedad civil, y le recomienden medidas en tal sentido a la delegación gubernamental, que asistirá al citado examen.
Por cierto, las ONG se quejaron que el gobierno no tuvo una actitud incluyente, de apertura y participativa, y de plena consulta con la sociedad civil, para elaborar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país que ha sometido al EPU. Afirmaron que sólo hubo un encuentro de dos horas, escaso para establecer un diálogo que apunte a construir un vínculo sólido entre el poder ejecutivo y la sociedad civil.
En cuanto a la infancia, manifestaron que persiste la violencia contra la niñez, el trabajo infantil, el maltrato y el acoso sexual. Admitieron que hay reconocimiento de derechos, sin dejar de consignar que faltan inversiones, programas y estrategias que los satisfagan. Agregaron que la violencia también la padecen las mujeres, particularmente en el ámbito intrafamiliar, y se nota la ausencia de un dispositivo preventivo. Respecto al aborto lamentaron que se mantenga penalizado, colocando a El Salvador entre los países más refractarios de la región a evolucionar en línea con los progresos internacionales alentados por la ONU, que promueven la legalización en casos de embarazo por violación sexual, salud del feto, o de la edad o salud de la mujer embarazada.
Estas ONG denunciaron abusos y castigos contra la comunidad LGBTI, en las calles y en las cárceles: asesinatos, privación de derechos en el trabajo, voto, educación, vivienda, acceso al crédito y a la justicia. Estimaron que hacen falta normas que garanticen la identidad de género y la no discriminación. Abogaron por una reforma al Código Penal que tipifique los crímenes de odio contra los trans, a los cuales se les autorice elegir el nombre con el que se sienten bien en los documentos de identidad, sin olvidar reglas para reparar los sufrimientos de las víctimas de la violencia.
“Hay estrés hídrico en El Salvador”, exclamaron las ONG en Ginebra. Quisieron significar la poca disponibilidad de agua, y que la existente no es buena. Subrayaron que la gente padece la contaminación del agua a causa de la contaminación de los ríos con agroquímicos utilizados en la agricultura y en los proyectos mineros, y su potabilización resulta deficiente. Dijeron que el Estado carece de un marco jurídico para una gestión sustentable del agua, y que la infraestructura del país es insuficiente.
Reconocieron que el nuevo gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén, busca instalar una justicia transicional creíble, que consolide los derechos humanos tras los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto interno en 1992. Sin embargo, trasmitieron la preocupación por el alto índice de corrupción vigente, no obstante la reciente detención del ex presidente, Francisco Flores, y recordaron el inquietante nivel de violencia, con once homicidio diarios de promedio, y las amenazas a los defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas.
Las ONG concluyeron que el Estado tiene la asignatura pendiente de acabar con la impunidad del pasado, identificando y sancionando a los autores de las violaciones masivas, sistemáticas y por tanto imprescriptibles de los derechos humanos, especialmente ciertos asesinatos emblemáticos, como el de Monseñor Oscar Romero en 1980, y el de los cinco jesuitas españoles y un salvadoreño, abatidos por militares en 1989. Las ONG se sumaron a la doctrina de la ONU que debe abrogarse la Ley de Amnistía, la cual perdura cubriendo con un manto de silencio y olvido el derecho a la verdad de lo acontecido en la guerra civil 1980-1992.
