El jurista David Ortiz, de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó junto a otras organizaciones sociales un escrito para recordarle a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el trámite pendiente en relación a las víctimas de las masacres: El Súmpul, La Quesera, El Mozote, y del caso de Baterías Récord.
DiarioColatino.
“Se interpuso el pasado 3 de diciembre de 2013, un amparo por estos documentos que quedaron en la ex oficina de Tutela Legal del Arzobispado, a fin de que les sean devueltos a las víctimas, para que dispongan sus procesos de justicia porque son sus legítimos dueños, pero no hemos tenido respuesta”, afirmó.
Ortiz añadió que el próximo lunes 3 de marzo se cumplirán 90 días del escrito y aún no cuentan con ninguna información que la Sala de lo Constitucional haya admitido el amparo de las organizaciones sociales.
“Por este motivo hemos venido a presentarle el escrito a los magistrados a preguntarles ¿qué pasó?, si hacemos memoria cuando el Arzobispado presentó su amparo, la misma semana fue admitido y se le otorgaron medidas cautelares, entonces nos preguntamos, ¿Es el amparo a las víctimas de menor importancia? o ¿Será que esta gente que ha venido demandando justicia desde los tiempos de la guerra no merecen ser tomados en cuenta, ante la petición concreta que han hecho?”, reflexionó.
Ortiz emplazó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a “diligenciar de manera pronta el amparo, con fecha 3 de diciembre de 2013, para que se aplique justicia”, dijo.
Jorge Alberto Hernández, ex trabajador de Baterías Récord, señaló que necesita su expediente para buscar una respuesta concreta en los tribunales, la muerte de ocho compañeros con quienes laboraba en la fábrica es el testimonio que le impulsa a buscar justicia.
“Recuerdo un compañero que murió dentro de la fábrica, se desangró frente a una máquina que le dicen la Tegma, donde se fabrican las baterías, se le comenzaron a sangrar las fosas nasales luego sus oídos y a los días murió en el Seguro (ISSS)”, recordó.
Lamentó además que los médicos que evaluaron los fallecimientos de sus otros compañeros, no relacionen la contaminación con plomo, como factor directo del deceso.
“Yo tengo 45 partes por millón de plomo en sangre, tengo plomo en los huesos, en los pulmones y me ha dañado el riñón en 1.3%, tengo que buscar una respuesta de justicia”, reiteró.
A la presentación del escrito las organizaciones sociales fueron acompañadas por procuradora adjunta de derechos civiles, Sandra Rivera, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Vamos a verificar el debido proceso y la prontitud en la respuesta que la honorable Corte Suprema de Justicia, está obligada a emitir, ese será nuestro seguimiento que le vamos a dar”, puntualizó.
