Esta mañana, se reunieron diferentes organizaciones de derechos humanos y sociales, en el monumento a las víctimas, en el parque Cuscatlán con el fin de exigir pronta justicia en el caso de los Jesuitas y las dos colaboradoras, quienes fueron asesinado, en 1989 y reiterar el respaldo al Procurador de Derechos Humanos, David Morales, al trabajo desarrollado durante su periodo.
Las organizaciones afirmaron su total respaldo a la gestión realizada hasta el momento por el procurador de Derechos Humanos, David Morales, quien ha demandado que el caso Jesuita no quede en la impunidad, y que se agilice el proceso legal en contra de los 17 militares vinculados directa e indirectamente con el caso.
De acuerdo a Loyda Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, se vuelve necesario hacer pronta justicia, pues en este caso ha prevalecido el poder económico y no el de la dignidad de las víctimas y de las personas que por años han venido exigiendo justicia.
“Hacemos un llamado a la Policía Nacional Civil para que proceda inmediatamente a la captura de las personas que están siendo solicitadas y señaladas como responsables del asesinato de los Jesuitas y sus dos colaboradoras”, sostuvo Loyda Robles de FESPAD.
“Es de aclarar que la demanda, en donde la defensa dice que ya fueron juzgados los militares, no tiene ninguna validad, pues, fue una burla para las víctimas y para las personas que buscaban justicia. No estaríamos en presencia de un doble juzgamiento, porque nunca se les ha enfrentado ante la ley, a que den cuenta de sus acciones en este caso, en donde muchas pruebas los señalan como responsables del asesinato cometido contra los Jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras”, aseguró Robles.
De igual forma, Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, afirmó, su total respaldo al ahora Procurador de Derechos Humanos, David Morales,” quien ha mostrado una apertura y exigencia ante este caso”.
“Queremos unirnos al llamado de la exigencia de justicia, que diversas organizaciones de derechos humanos y sociales, respaldando la labor y la legitima exigencia de parte del señor Procurador, David Morales, que los 17 militares acusados y de manera reiterada se ha demostrado que tuvieron una participación directa e indirecta en el caso de 6 sacerdotes Jesuitas y 2 colaboradoras, en 1989, sean procesados y sean enjuiciados”, afirmó, Alejandra Burgos.
Consideramos que la labor que ha hecho la DDHH en los últimos dos años ha sido encaminada, a estar del lado de las víctimas, incluso el señor Procurador ha emitido informes en donde se ha trabajado en derechos que por décadas no han sido reconocidos en nuestro país, aseguró Burgos.
Por lo que las organizaciones sociales y de derechos humanos, exigen a las autoridades no dilatar más el proceso legal en contra de los 17 militares y que se realicen las capturas de inmediato, así como lo determinó el juez Eloy Velasco en España.
Juez español emitió orden de captura contra militares
Juez de la Audiencia Nacional español Eloy Velasco reiteró la orden de detención de diecisiete militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España en relación con el asesinato de seis jesuitas – varios españoles – en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Velasco dio traslado a Interpol de las diecisiete órdenes de detención y mandó copia al jefe de la Oficina Central de Interpol en El Salvador y a la policía salvadoreña para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición, dicha orden aún no se cumple.
Entre los militares a los que el juez pide detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.
El resto son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares.
Velasco pidió en agosto de 2011 la detención de veinte militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España.
Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reconoció “el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”.
BAJE COMUNICADO DE PRENSA AQUI:Comunicado exigencia detención militares en caso Jesuitas enero 2016
