Las organizaciones de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exigieron esta mañana se practique una auditoría de frecuencias radioeléctricas, e investigar todas las concesiones de radio y televisión otorgadas desde la época de ANTEL hasta la actualidad, debido a potenciales irregularidades cometidas en estos procesos de concesión.
De acuerdo al Director Ejecutivo de ARPAS, Leonel Herrera, una muestra de las irregularidades es la obtención dudosa de frecuencias por medio de testaferros y el acaparamiento de frecuencias por parte de la familia Eserski, quien es propietaria de la empresa mediática Telecorporación Salvadoreña (TCS).
“Esta empresa mediática tiene en su poder 11 canales televisivos (2, 4, 6, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51) Los últimos siete canales los obtuvo en marzo de 2009, sin cumplir con el procedimiento legal y utilizando como a personas desconocidas en el medio, como presta-nombres”, aseguró Leonel Herrera.
Por su parte, el representante de FESPAD, Juan Carlos Sánchez, expresó que se trata de un ejercicio de derechos humano y no de una competencia contra las empresas privadas dedicadas a la explotación comercial de las frecuencias.
“Es bien sencillo: el espectro radioeléctrico es un bien público y finito en el que deben tener cabida no sólo los medios comerciales, sino también, los medios públicos y comunitarios, tal como se señala en instrumentos internacionales de los que El Salvador es suscriptor. No se trata de quitar a quienes ya están presentes en el espectro; se trata de abrir el espacio a nuevas voces que tienen el legítimo derecho a expresarse”, apuntó el representante de esta Fundación.
Por ello, las organizaciones sociales como la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Asociación de Radios y Programas Participativos DE El Salvador (ARPAS), y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), todas integrantes de la Red por el Derecho Humano a la Comunicación (REDCO) exigieron puntualmente cuatro peticiones para transparentar los procesos de concesiones de frecuencias radioeléctricas.
1. Al Fiscal General: que investigue todas las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas por las diferentes administraciones de la SIGET, como se lo solicitamos en junio pasado.
2. A la Asamblea Legislativa: que forme una comisión especial para investigar las concesiones radioeléctricas asignadas desde la época de la ex ANTEL hasta esta fecha. Esta propuesta ya está en la Comisión Política esperando ser discutida y aprobada.
3. A la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia: que también impulse un proceso de investigación y rendición de cuentas tendiente a transparentar las concesiones radioeléctricas otorgadas por las diferentes administraciones de la SIGET.
4. A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: que resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones para reformar dicha ley y evitar irregularidades, estableciendo mecanismos transparentes y democráticos para la asignación y uso de las frecuencias radioeléctricas.
