Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y activistas y personas defensoras independientes abajo firmantes queremos condenar los hechos de violencia social e institucional a las que se encuentra sometido el país. En estos meses ha habido un incremento significativo de la violencia que estamos viviendo, el país cierra junio con más de 600 homicidios y con un accionar de los cuerpos de seguridad que requiere de revisión y monitoreo inmediato.
Las medidas represivas que se encuentra implementando el gobierno han mostrado su fracaso en otros países y en el nuestro, cuando en gobiernos pasados se apostó por el Plan Mano Dura y Plan Súper Mano Dura y la Ley Antipandillas, así como el incremento de penas y las detenciones masivas, acciones que sólo llevaron a saturar el sistema judicial y penitenciario, así como a vulnerar derechos fundamentales de las poblaciones más afectadas por la marginalización y exclusión. Sin embargo, el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén continúa esperando resultados positivos de estrategias “manoduristas”, como la creación de batallones militares de reacción inmediata y grandes despliegues policiales y militares y detenciones masivas.
En este contexto, como organizaciones y personas que a título individual desde la sociedad civil que trabajamos en la promoción y defensa de Derechos Humanos, queremos hacer pública nuestra preocupación ante el incremento de amenazas, intimidaciones, hostigamientos e, incluso, agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos. En estos meses, activistas en la defensa de Derechos Humanos han sido víctimas directas de la violencia y la criminalidad, quedando sus casos en total impunidad al no contar con una institucionalidad profesional y capaz de hacer una investigación efectiva de los hechos.
Casos como el de Israel Quintanilla, presidente de ALGES, y Francela Méndez, del Colectivo Alejandría, ponen en manifiesto los niveles de impunidad en el país y la nula protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos. Más grave aún es la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia Alex Peña, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI y miembro de la organización Generación de Hombres Trans de El Salvador (HT El Salvador ), el cual fue golpeado por agentes de la PNC y detenido arbitrariamente. Adicionalmente, estando bajo custodia de la PNC, Alex fue negado de su derecho a tratamiento médico, poniendo en peligro su salud.
Es preocupante la actitud desafiante de la Policía ante este hecho, con lo cual parecieran contar con total protección del Estado ante el evidente abuso de poder. Finalmente, denunciamos también el ingreso ilegal a las oficinas de ESMULES, organización LGBTI, de donde se han extraído documentos y equipo de trabajo, lo cual interpretamos como una forma más de intimidarnos y hacernos desistir de nuestra labor de defensa de Derechos Humanos.
Ante esta grave situación de desprotección, desconfianza y debilidad institucional, las organizaciones firmantesexigimos:
La investigación efectiva, científica y libre de prejuicios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de los asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como la judicialización de estos por parte de las entidades correspondientes.
La investigación seria y responsable por parte de la Inspectoría General de Seguridad Pública y Asuntos Internos de la PNC en relación a las agresiones ocasionadas a Alex Peña, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Denunciamos los malos tratos por parte de la Policía Nacional Civil incluso durante estos días de investigación, mostrándose prepotente y amenazante con los liderazgos de las organizaciones que han dado seguimiento al caso.
La creación de mecanismos orientados a la protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el ejercicio de su labor, como lo ha recomendado de manera reiterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Salvadoreño.
Demandamos al Estado salvadoreño condenar fuertemente estos hechos de violencia y el accionar efectivo por parte de la institucionalidad pública, respetando la integridad, la dignidad y las garantías constitucionales de quienes ejercemos la labor de defensa de Derechos Humanos.
