Pueblos Indígenas de Nahuizalco junto a organizaciones de DDHH, entre ellas FESPAD, presentaron este lunes 11 de octubre, un escrito a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en el que piden que no atienda la solicitud de la empresa Sensunapán S.A. de C.V. , que busca anular las medidas de protección sobre el Río Sensunapán, Nahuizalco, Sonsonate.
Las medidas cautelares, impuestas el 7 de junio de 2021, van encaminadas a proteger el río y los derechos de los pueblos indígenas, ante los previsibles daños al medio ambiente que causaría la construcción de una octava represa en la zona, a través del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”.
La abogada de FESPAD, Ariela González, explicó que el 4 de octubre se recibió la notificación que la empresa ha solicitado a la Cámara Ambiental la nulidad absoluta de las medidas cautelares. Es decir, la empresa busca continuar con el procedimiento administrativo de solicitud de permiso ambiental, sin embargo advierte que esto no tiene fundamento.
«La empresa Sensunapán S.A. de C.V. no es parte procesal en este caso, por eso carece del derecho a hacer solicitudes como la que ha realizado. Las medidas cautelares van dirigidas a que sean cumplidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Alcaldía de Nahuizalco, entonces, ellos no tienen nada que ver», enfatizó.
Sin independencia judicial peligra la justicia ambiental, dicen.
Para las organizaciones la solicitud de la empresa representa un riesgo para la justicia ambiental, especialmente tras la remoción arbitraria de jueces y magistrados con 60 años o con más de 30 años de servicio, luego de la aplicación de la Reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobada el 31 de agosto de 2021 por la Asamblea Legislativa.
La decisión legislativa ha vulnerado la independencia judicial y ha derivado, además, en traslados de jueces y magistrados, entre ellos el del Magistrado de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Samuel Lizama, quien otorgó las medidas de protección al Río Sensunapán, y el de la magistrada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Cesia Romero. Ambos traslados ponen en peligro lo alcanzado hasta hoy, dicen las organizaciones.
Daños ambientales son irreversibles
Una de las medidas cautelares ordenaba al Ministerio de Medio Ambiente remitir los permisos ambientales de todas las centrales hidroeléctricas construidas sobre la cuenca del Río Sensunapán, según las comunidades hay 7 represas funcionando, de las cuales solo cuatro tienen permiso ambiental, todas ya han causado graves daño al medio ambiente.
«Queremos que se reafirmen y se cumplan las medidas cautelares. Son un acto de justicia para quienes hemos venido luchando por 17 años, así como para nuestro abuelo río, que ya está sumamente explotado. Prácticamente la octava represa le causaría la muerte», puntualizó Sofía Morán, Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco.
Nicolás Sánchez, del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, fue enfático en reiterar las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas con la construcción de estas hidroeléctricas.
«Hay daños en varias comunidades, los cuales se pueden constatar. El Estado está obligado a respetar nuestros derechos desde el momento en que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador», dijo.
Puede leer el escrito aquí: https://cutt.ly/pRun6Ec
Vea la conferencia de prensa aquí:
