El Foro del Agua-FDA, Redes Administradoras de Sistemas Comunitarios de Agua, ADESCOS y Comunidades Organizadas a nivel nacional, Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador- ARPAS, Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia,-ASGOJU, el Foro Nacional de Salud, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Mesa de Soberanía Alimentaria – MSA, Movimiento Nacional Contra Proyectos de Muerte, El Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre – MPR-12, Centro para la Defensa del Consumidor – CDC, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD, Sindicato de Trabajadores de ANDA – SETA entre otros espacios, ante la opinión pública nacional e internacional:
Expresamos nuestro profundo rechazo a la propuesta de Ley Integral de Aguas presentada a mediados de junio por la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP ante la Asamblea Legislativa respaldada por ARENA y partidos de derecha, consideramos que sus contenidos pretende implementar un modelo de gestión PRIVATIZADA DEL AGUA, donde lo prioritario será el uso mercantil por encima del derecho de la población y la naturaleza. Esta propuesta crea una autoridad autónoma donde la ANEP decide el destino del agua en el país; elimina la gestión de cuencas y por ende la participación efectiva de la población; se eliminan la prioridad de uso para las Juntas de Agua y abastecimiento de la población, estableciéndose un solo permiso para usuarios públicos y privados, con plazos iguales para todos los usuarios y cobro de cánones o tarifas por el uso del agua a todos los usuarios por igual sin importar que sea derecho humano o uso mercantil del vital líquido.
Así mismo desestima el aporte de los 2,235 Gestores Comunitarios en el Área Rural, violentando derechos humanos.
Por tales razones como referentes del movimiento social organizado rechazamos la propuesta de Ley Integral del Agua presentada por los partidos de derecha, pero convencidos de la urgente necesidad que El Salvador cuente con una Ley General del Agua, este día lanzamos la campaña POR MI DERECHO AL AGUA, GESTIÓN PÚBLICA Y COMUNITARIA… Decimos NO a la PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
“POR NUESTRO DERECHO AL AGUA: GESTIÒN PÙBLICA Y COMUNITARIA- NO A LA PRIVATIZACIÒN”
Esta campaña tiene como objetivo central promover la aprobación de una Ley General del Agua que garantice por lo menos los siguientes puntos:
PRIMERO: Gestión pública y comunitaria, es decir la autoridad del agua debe conformarse exclusivamente por instituciones públicas, y en la que se garantice la actual gestión que hacen las comunidades rurales.
SEGUNDO: Mecanismos claros de participación efectiva de la población.
TERCERO: Creación de mecanismos efectivos de protección y recuperación concentradas en las 3 cuencas principales del país y sus zonas críticas.
CUARTO: Priorización del uso consumo humano doméstico, el consumo de poblaciones y la sustentabilidad de los ecosistemas, mediante la creación de permisos para poblaciones rurales y urbanas y la asignación a entidades públicas.
QUINTO: Creación de un régimen económico justo: Cobro diferenciado a personas, comunidades rurales, instituciones sociales y empresas con ánimo de lucro, de manera que se cuente con recursos financieros suficientes para invertir en la protección, el aprovechamiento equitativo y recuperación del agua en el país.
La campaña tiene tres líneas de acción principales: la primera es la presión legislativa a diputadas y diputados, mediante el seguimiento a las Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, plantones y diversas actividades públicas en el Ex Palo de Hule y otros lugares emblemáticos del país, segunda una estrategia de presión en redes sociales mediante la iniciativa denominada carta contra la privatización del agua, mediante la cual solicitamos a la población que firme y envíe a los diputados de derecha y tercera acción una estrategia que permita informar e identificar en los territorios las amenazas de una privatización del agua.
Por la gestión pública y comunitaria los movimientos sociales decimos
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN EL SALVADOR
San Salvador, 4 de julio de 2017
