FESPAD y DPLF: “Estado salvadoreño debe abandonar injerencia política en la CSJ”
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), participaron el pasado 27 de marzo de 2012 en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC., donde denunciaron ataques a la independencia judicial ocurridos en El Salvador en los últimos meses.
Abraham Abrego, subdirector de FESPAD, Mirte Postema y Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso Legal, solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado salvadoreño a abandonar toda práctica de injerencias políticas en la Corte Suprema de Justicia, declarando que “en años recientes la máxima instancia judicial del país ha venido siendo blanco de ataques y restricciones a su labor, creándose el riesgo inminente de revertir los avances alcanzados en esta materia”.
“Si bien ha habido importantes avances en la justicia, todavía se carece de las suficientes garantías para que esta sea imparcial e independiente a sus ciudadanos”, advirtió Abraham Ábrego, ante la CIDH, en Washington.
Uno de los puntos claves abordados en la audiencia, fue el proceso actualmente en marcha, de selección de los cinco magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. En este sentido las organizaciones demandantes exigieron que el referido proceso de selección establezca previamente qué perfil se busca en los miembros de la Corte y cómo se puede aspirar a los puestos, además de convocar audiencias públicas con los candidatos para mejorar la transparencia de la selección y para que el proceso sea del conocimiento del pueblo salvadoreño en general.
Abraham Abrego, dijo que “actualmente los requisitos que deben cumplir los candidatos son bastante generales; relacionados con nacionalidad, edad y la característica de cumplir con una licenciatura en derecho. Lo que permite que no haya una clara revisión de los antecedentes éticos y profesionales de los candidatos, ni de sus méritos.”
Ante lo manifestado por los demandantes, Tania Camila Rosa, representante gubernamental de El Salvador; declaró que la independencia de la máxima instancia judicial se garantiza a través de mecanismos constitucionales, y que el mérito de los magistrados elegidos se basa en la ley de la carrera judicial, que determina cómo pueden ascender los funcionarios dentro del sistema público de justicia.
Agregó además, que las reformas legislativas que se han hecho en El Salvador han demostrado la voluntad del Estado en cuanto al respeto a la Corte Suprema y a la independencia judicial salvadoreña.
Con su participación, FESPAD y la DPLF buscan prevenir futuros retrocesos en materia de independencia judicial en el país, que podrían darse, por ejemplo si próximamente se lleva a cabo un inadecuado proceso de selección de magistrados de la corte suprema de justicia en el territorio nacional.
Para escuchar y ver la audiencia ante la CIDH, puede acceder a los siguientes links:
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=125&page=2
http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2012/03/032712_PVidal_3.wmv
