FESPAD Y LA MPJL DENUNCIAN ANTE FGR A NORMAN QUIJANO POR EL DELITO DE DESÓRDENES PÚBLICOS.
El 17 de enero del corriente año, fue presentada ante la Fiscalía General de la República -FGR- una denuncia en contra del Alcalde de San Salvador y candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano, por el delito de desórdenes públicos, tipificado y sancionado en el artículo 348 del Código Penal.
La denuncia fue presentada por miembros de organizaciones sindicales integradas en la Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL-, con el acompañamiento jurídico de FESPAD. Los denunciantes se ampararon en el deber establecido en el artículo 261 del Código Procesal Penal que obliga a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho delictivo del que un ciudadano tenga conocimiento.
Según la denuncia, Norman Quijano cometió el delito de desórdenes públicos al obstruir varias calles de San Salvador con toneladas de escombros resultantes del desmantelamiento de los puestos de venta de cientos de vendedores y vendedoras desalojadas del centro de San Salvador en octubre de 2012, lo cual, sumado al cierre de las arterias con agentes del CAM, causó alarma entre la población e impidió el libre tránsito de los ciudadanos en las arterias viales obstruidas, situación que se ajusta a lo establecido en el artículo 348 del Código Penal que señala que se comete el delito de desordenes públicos: “(…) obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen (…)”.
Así, el Alcalde de San Salvador seria responsable del delito de desórdenes públicos pues fue en virtud de sus órdenes que se obstruyó con escombros las calles de San Salvador y fue, también, bajo sus ordenes que agentes del CAM restringieron el paso a los transeúntes, todo ello, sin que exista fundamento legal que lo ampare. Por tales acciones correspondería imponer una pena de prisión de hasta cuatro años a Norman Quijano e inhabilitarlo para ejercer el cargo de alcalde.
Los miembros de la MPJL y la representación de FESPAD exigieron públicamente al Fiscal General de la República que proceda a investigar el delito denunciado y que oportunamente presente ante el juzgado respectivo, requerimiento fiscal en contra de Norman Quijano. Los representantes de la MPJL fueron enfáticos en exigir que se le aplique a Norman Quijano el articulo 348 del Código Penal, tal como se ha hecho en el pasado en contra de trabajadores; es decir, que exista un trato igualitario en la aplicación de la ley penal.
ARENA ENREDADO EN SU PROPIA TRAMPA: QUIJANO TENDRÍA QUE IR A UN PENAL
Desde que ARENA reformó el artículo 348 del Código Penal en el año 2007 (luego de las protestas en Suchitoto en contra de la privatización del agua), no importa la finalidad con la que se realice la obstrucción de una vía pública, basta con que ella se lleve a cabo para que se incurra en el ilícito. Desde esa fecha, el delito de desórdenes públicos ha servido para reprimir la protesta social, entre ellas, la de los trabajadores/as, estudiantes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, etc., pero nunca para procesar a un funcionario y menos aún, a un funcionario del Partido ARENA, quienes fueron los que promovieron la reforma, la cual incluyó, prohibir el otorgamiento de medidas alternativas a la detención provisional a quienes fueran procesados por el delito de desórdenes públicos.
Por lo anterior, si el Fiscal General de la República cumple con su deber de investigar y le da a Norman Quijano el mismo tratamiento que se le ha dado a trabajadores, estudiantes y campesinos, y en consecuencia procede a presentar el respectivo requerimiento fiscal ante un juzgado, Norman Quijano tendría que ser enviado a un penal como medida cautelar mientras se lleva a cabo la etapa de instrucción.
Sin duda que ello sería un gran precedente y podría llevar a pensar que la afirmación de que “todos somos iguales ante la ley”, tiene alguna base real.
