REFORMAS LEGALES PARA QUE NO SE CRIMINALICE LA PROTESTA PÚBLICA
El día martes 21 de agosto del corriente año, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), con el acompañamiento técnico jurídico de FESPAD, brindó una conferencia de prensa para denunciar la persecución en contra de directivos del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y anunciar que impulsará acciones legales para reformar la normativa jurídica que criminaliza la protesta pública.
En la actividad participaron organizaciones del sector público, privado y municipal. En ella se externó la preocupación por el proceso penal que se sigue en contra de tres miembros del STISSS y por el cual un directivo sindical guarda prisión en el Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”. Los integrantes de la MPJL consideraron que es preocupante, para la construcción de la democracia, que un directivo sindical sea enviado a la cárcel por acciones relacionadas con el ejercicio de su actividad organizativa. También consideraron que la situación que enfrentan los sindicalistas del STISSS es muestra de la criminalización de la protesta pública existente en El Salvador.
Ante ello, señalaron que iniciarán una campaña para lograr las modificaciones legales -a la normativa penal- necesarias que garanticen el libre ejercicio del derecho de reunión, asociación, expresión y la libertad sindical, entre ellas, la derogación o reforma del artículo 348 y 348-A que establecen el delito de desórdenes públicos y desórdenes públicos agravados. Asimismo, la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal que prohíbe las medidas sustitutivas a la detención provisional para el delito de desordenes públicos.
En la conferencia, el programa DESCA de FESPAD se comprometió a brindar el apoyo técnico necesario para promover las reformas a la normativa penal y procesal penal. Al respecto, Héctor Carrillo, de FESPAD, consideró que la ambigüedad del tipo penal de desordenes públicos y lo establecido en el artículo 331 del Código Procesal Penal, dejan la puerta abierta para la persecución penal arbitraria de cualquier expresión organizativa que haga uso de la protesta pública. Recordó que la prohibición de otorgar medidas sustitutivas a la detención a los procesados por el delito de desordenes públicos fue introducida por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el año 2007 luego de las protestas de los pobladores de Suchitoto en contra de la privatización del agua y que dio lugar en ese momento a detenciones de miembros de organizaciones sociales. Tal normativa que introdujo el tipo penal en cuestión, no está dirigido a proteger la Paz Pública.
En la conferencia se exigió el cese de la persecución en contra de los directivos sindicales y la liberación inmediata de Eduardo Recinos, dirigente del STISSS, que se encuentra en detención preventiva en el Penal de Mariona.
La MPJL hizo un llamado a todas las expresiones organizativas a sostener una reunión el próximo jueves 23 para coordinar acciones en torno a la problemática.
