Todos los 22 de julio se celebra el Día Mundial de la Acción contra la Megaminería con el objetivo de despertar la conciencia social ante el problema del nuevo extractivismo minero y exigir la prohibición de la técnica llamada a cielo abierto para extracción de metales preciosos.
En ese contexto, la Mesa Nacional frente a la Minería-MNFM- convocó el día 22 de julio de 2015 a una conferencia de prensa para dar su postura frente a la contaminación de Río San Sebastián, ubicado en el oriente de El Salvador.
Edgardo Mira, de CEICOM; y Saúl Baños, de FESPAD, ambas organizaciones miembros de la MNFM trasladaron la postura a los medios de comunicación.
En El Salvador, la explotación minera se remonta a la época de la colonia; sin embargo, es hasta el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando esta actividad económica alcanzó sus mayores niveles de producción, una de las más productivas fue la mina San Sebastián, en el cantón de San Sebastián, perteneciente al municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, con un área total de 20,68km2 propiedad de la empresa Commerce Group, de capital estadounidense, la cual fue prácticamente abandonada en 1980, en el marco del conflicto armado y se pretendió reabrir en el año 2003, obteniendo una ampliación para la explotación por 30 años, pero esta autorización fue revocada en el 2006.
Sin embargo, de acuerdo a los y la pobladoras de la zona, ya en la década de los años 70 se comenzó a observar cambios en la calidad del agua, apareciendo lo que se conoce como drenaje ácido de minas, situación que se mantiene a la fecha, ocasionando impactos ambientales muy visibles en las aguas superficiales y subterráneas de esta comunidad.
Frente a este daño ambiental, la empresa Commerce Group nunca ha asumido ninguna responsabilidad por los daños ocasionados en materia ambiental y por los daños a la vida de las personas que residen en la zona.
Por otro lado, este caso ha sido denunciado a la Fiscalía General de la República -FGR- y pese a que representantes de la zona se han hecho presentes a la Fiscalía solicitando se investiguen los daños ambientales y se deduzcan las responsabilidades del caso, a la fecha no se conoce resultados sobre las peticiones hechas a esta institución del Estado.
Finalmente, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y otras instituciones del Gobierno central conocen de la grave situación que viven los pobladores en esa zona, incluso han realizado estudios en los que se demuestra la contaminación existente en la zona y reafirman la existencia del drenaje ácido de minas; sin embargo, a la fecha no han emprendido acciones en favor de la población que efectivamente es vulnerada en sus derechos humanos, situación que ha sido constatada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
En ese marco, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -MNFM- demandamos se inicie una investigación exhaustiva sobre los daños ambientales en la zona de San Sebastián, se deduzcan las responsabilidades penales y civiles y no se permita que este grave caso quede en la impunidad.
Asimismo, llamamos al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para que las y los pobladores en la zona de San Sebastián puedan vivir en mejores condiciones y se les asegure el acceso al agua en la calidad y cantidad necesaria para su reproducción.
Ahora que el país ya cuenta con un Juez Ambiental, le instamos a inicie un proceso judicial que permita deducir responsabilidades de las empresas y personas responsables de la contaminación del Río San Sebastián.
La Mesa Nacional frente a la Minería considera que la contaminación provocada por la explotación minera en San Sebastián es una evidencia contundente para no permitir más proyectos de exploración y explotación de minería metálica, por lo que razonamos en la urgente necesidad de que:
1. El Gobierno central liderado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén emita un Decreto Ejecutivo prohibiendo la minería metálica, mientras no sea aprobada una nueva ley que prohíba la minería metálica en el país.
2. Que la Asamblea Legislativa, discuta y apruebe la nueva ley que prohíba la minería metálica en El Salvador.
3.- Que el Juez Ambiental de San Salvador, inicie a partir de esta denuncia pública un proceso judicial que permita deducir responsabilidades de las empresas y personas responsables de la contaminación del Río San Sebastián y de los daños causados a la salud de los pobladores, con el propósito de que resuelvan esos pasivos ambientales.
