El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador (GTPD) presentó el “Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas. El Salvador”, una nueva herramienta digital destinada a facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Además de contribuir a las labores de búsqueda, el registro permitirá que las organizaciones cuenten con datos estadísticos que abonen a la creación de propuestas de políticas públicas o programas de prevención, tratamiento y erradicación de este dramático flagelo.
Según datos recientes, entre enero y septiembre de 2023, los avisos por desaparición de personas aumentaron un 9.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la Fiscalía General de la República reportó 366 delitos de privación de libertad entre junio de 2023 y mayo de 2024, aunque no se detalló la situación de las víctimas.
Por su parte, un informe de FESPAD, revela que entre 2019 y 2022 se registraron aproximadamente 6,443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37.20% no han sido encontradas. Mientras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 54 denuncias de desaparición forzada entre enero de 2022 y diciembre de 2023.
Las desapariciones, muchas de ellas atribuidas a pandillas, continúan ocurriendo incluso bajo el régimen de excepción, afectando gravemente a las familias, muchas de ellas enfrentando “amenazas, desplazamientos forzados internos, extorsiones, afectaciones a su salud física y emocional, y a su economía», según las organizaciones.
“Ante la falta de legislación especializada, procesos eficientes y otras garantías integrales de protección, atención o participación activa en las investigaciones, estas familias se ven obligadas a cargar con tareas de búsqueda que son competencia y responsabilidad del Estado”, exponen.
No hay datos oficiales
Para las organizaciones es fundamental poder contar con estadísticas, ya que El Salvador aún no cuenta con un registro único de personas desaparecidas que permita homologar las cifras reportadas por diversas instituciones del Estado. Además, desde marzo de 2022, toda la información referente a estadísticas de personas desaparecidas y cementerios clandestinos ha sido declarada reservada, impidiendo el acceso a datos cruciales.
“El uso de herramientas digitales es fundamental para la socialización, difusión y concientización sobre las desapariciones. Es esencial disponer de un registro ciudadano digital, robusto y seguro, que cumpla con los enfoques de derechos humanos, acción sin daño, interseccionalidad y de género”, aseguran.
Urge justicia y reparación para las familias.
El registro se presentó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y en este marco las organizaciones que conforman el Grupo de trabajo reiteran su compromiso con las víctimas de desaparición y sus familiares, acompañándoles en sus esfuerzos por promover el acceso a la justicia y exigiendo al Estado que asuma su responsabilidad.
