La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, ante la situación de violencia actual, que hace de marzo el mes más violento de la última década, presentando un incremento en asesinatos y ataques a funcionarios policiales y judiciales, MANIFESTAMOS:
1. La violencia en el país tiene raíces profundas que se alimentan de la exclusión social, de la impunidad y de un sistema neoliberal afincado en lo material y no en la persona. Su análisis no puede limitarse a esta gestión gubernamental, sino tiene sus orígenes en la mala gestión de la sociedad posterior a los Acuerdos de Paz. Varios gobiernos y funcionarios son responsables de esta situación, por lo erróneo de sus políticas o porque simplemente prefirieron nutrir sus negocios o sus intereses en detrimento de las medidas y acciones que debieron realizarse.
2. Debido a que el problema de la violencia y la criminalidad no se resuelve de la noche a la mañana, y la población exige respuesta rápida, existe una tendencia de adoptar acciones represivas y vistosas a la población como sacar el ejército a las calles, redadas masivas, incremento de penas, entre otras. Medidas que han demostrado poca eficacia para reducir los índices de criminalidad. La seguridad también se ha convertido en parte de las campañas políticas electorales, como sucedió con los planes mano dura y súpermano dura, y con las ofertas electorales de varios partidos políticos, durante la última elección.
3. Para abordar el problema, se tiene que tener claro el origen multicausal de la violencia, y por ende, la necesidad de un abordaje integral de la seguridad. En otras palabras, el combate del delito debe combinarse con la prevención, la rehabilitación, en inserción económica y social de amplios sectores de la población históricamente excluidos de las políticas públicas. Esto supone inversión social e inclusión. Pensar que la solución del problema se limita a ser más duros y represivos es una visión miope, que no toma en cuenta nuestra experiencia con los años del “manodurismo”. Basta ver el caso de México, con su guerra contra las drogas, para darse cuenta que la violencia sólo genera más violencia.
4. Los hechos de marzo 2015, con un incremento notable de homicidios y de ataques a policías y funcionarios judiciales, nos debe llevar a una reflexión sobre quién o quiénes están detrás de esta espiral, además de los grupos de pandillas. Pero en particular deberíamos evitar caer en medidas desesperadas que nos alejen de la solución del problema. Tómese en cuenta que un 30% de los homicidios de marzo, corresponden a muertes de pandilleros a manos de policías.
5. FESPAD considera que la política de seguridad adoptada por el Gobierno, la creación del Consejo de Seguridad y Convivencia Pacífica y la implementación del Plan El Salvador Seguro, son los caminos que deberían seguirse para enfrentar el problema. Vemos con preocupación, que las últimas medidas gubernamentales como las reformas sobre legítima defensa y la creación de batallones de reacción inmediata con la participación del ejército, no ofrecen garantías de una seguridad democrática. Hay que recordar que el modelo de seguridad ciudadana democrática en Centroamérica se basa en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos (Art. 1 Tratado Marco de Seguridad Democrática)
6. Lamentamos y condenamos los asesinatos y ataques contra operadores policiales y judiciales, y consideramos que deben tomarse las medidas necesarias para que este tipo de ataques no se sigan dando. Exhortamos, a que la respuesta no radique en la generación de mayor violencia a través de venganzas u operaciones de exterminio, como han sugerido algunos en redes sociales. La fuerza de la ley para combatir la criminalidad se basa en una buena investigación científica del delito, en operadores independientes y capaces y en superar la impunidad del presente y pasado, y no en el abuso de los derechos humanos.
7. FESPAD considera que la parte más afectada de esta situación son las víctimas, tanto las que sufren el embate de los delitos como las que sufren abusos de derechos humanos. Muchos hablan en nombre de las víctimas, pero hacen poco por garantizar su protección. Exhortamos a los tres órganos del Estado a avanzar decididamente en la protección de las víctimas con medidas concretas.
8. Es necesario redimensionar el problema de las pandillas desde el plano social, adoptando las medidas para que el círculo de violencia en que estas se encuentran no se multiplique entre nuestros jóvenes niños y niñas. En ese sentido, el diálogo es importante y las oportunidades de reinserción relevantes.
9. El abordaje de la criminalidad no puede seguirse reduciendo a las y los miembros de las “maras y pandillas” se debe tener una visión ampliada y comprender, que la criminalidad organizada, esa que se ampara en el poder político y económico, ha invadido a la sociedad y a las instituciones del Estado. Su combate debe ser frontal, sin importar quiénes sean los involucrados.
Jueves 30 de Abril de 2015
