Como Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, ante los hechos ocurridos el día de ayer en las diligencias de inspección de archivos militares para la búsqueda de información de la masacre de El Mozote, expresamos:
1. Que la impunidad en El Salvador ha sido promovida desde la misma institucionalidad del Estado, con estas acciones se ha venido a socavar los cimientos de una débil democracia, aun con defectos, y construida con muchos esfuerzos en El Salvador.
2. Rechazamos de manera contundente la actitud de desobediencia de forma recurrente por parte de la Fuerza Armada y por tanto del presidente de la República como Comandante General, de negarse a entregar información
relativa al caso de la Masacre de El Mozote. Dicha acción evidencia una continuidad de la impunidad de nuestro país respecto de los casos del conflicto armado.
3. Que el desacato o desobediencia a mandato judicial, no es exclusivo de la Fuerza Armada. La Asamblea Legislativa, ha tenido esta misma actitud respecto del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley
de amnistía que ordena emitir una ley de reconciliación nacional para las víctimas del conflicto armado en el que se debe establecer la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. A la fecha las victimas siguen esperando.
4. Vemos con mucha preocupación la agresión verbal y física sufrida por defensores de derechos humanos, por parte de personas vinculadas a estructuras militares de la Fuerza Armada; más preocupante es la tolerancia de dichas acciones por parte de miembros activos del ejército, lo que da lugar a pensar que dichas acciones fueron premeditadas.
Por tanto, demandamos:
1. Que el presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada cumpla de manera inmediata con las diferentes resoluciones judiciales en las que se le mandata poner a disposición la información relativa al conflicto armado o reconstruirla, sino la tuviera.
2. A la Asamblea Legislativa, que cumpla de carácter urgente la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, retomando el proceso de forma seria y con participación real de las víctimas.
3. A la Sala de lo Constitucional a que garantice el cumplimiento de lasentencia de inconstitucionalidad promoviendo audiencias de seguimiento.
4. Que cesen las amenazas e intentos de agresiones físicas a defensores/as de derechos humanos de parte de grupos violentos que se oponen a la búsqueda de verdad, y que el Fiscal General de la República investigue si existe el cometimiento de delitos en estas acciones.
¡NO BORRARAN NUESTRA MEMORIA!
GRUPO GESTOR PARA LA APROBACIÓN DE LA
LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL
San Salvador, 23 de septiembre 2020
