En las próximas semanas la Asamblea Legislativa deberá elegir cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un listado de 30 candidatos/as, seleccionados/as por el gremio de abogados/as y el Consejo Nacional de la Judicatura. Una vez electos, el pleno de la CSJ designará a un nuevo/a Presidente/a quien a su vez presidirá la Sala de lo Constitucional. Los restantes magistrados pasarán a ocupar sus cargos en cualquiera de las otras Salas que conforman la CSJ (Sala de lo Civil, Contencioso Administrativo y Penal).
Las organizaciones firmantes estamos convencidas de la enorme relevancia de estos procesos mediante los cuales se nominan a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre el alcance de los derechos y las libertades, de proteger minorías y controlar los excesos de actos estatales, así como vigilar la actuación judicial, entre otras facultades.
Es fundamental para la justicia salvadoreña que la CSJ sea integrada por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos. La mejor manera para garantizar esto es a través de procedimientos públicos, transparentes y participativos de selección, que estén basados en una rigurosa evaluación del perfil de quienes postulan como lo especifican estándares internacionales.
La actual regulación legal sobre el proceso de selección de magistrados no ofrece aun suficientes garantías para que las personas con más méritos sean seleccionadas. Los requisitos son generales y el procedimiento en sus diferentes etapas no contempla normas de trasparencia y participación ciudadana. Una muestra de ello, es que en los últimos años los procesos de elección han sido cuestionados por la Sala de lo Constitucional, como sucedió con la reciente elección realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Por tanto, las organizaciones firmantes consideramos que la Asamblea Legislativa debe llevar a cabo una revisión integral del proceso de selección y estudiar las diferentes propuestas de reforma a la legislación pertinente que se han presentado por diversas organizaciones en los últimos anos.
A la vez, proponemos que para el proceso en marcha la Asamblea Legislativa implemente las siguientes acciones de mejora, aplicando los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional:
- Evaluar otras habilidades más allá de las establecidas en la ley, como la vocación por la independencia, imparcialidad y autonomía de la institucionalidad del poder judicial; el compromiso con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos y la capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones tomadas.
- Establecer un mecanismo para evaluar si los candidatos/as cumplen con el perfil establecido y dejar constancia de tales evaluaciones en una decisión escrita y fundada.
- Tomar en cuanta reglas de paridad de género y no discriminación.
- Establecer medidas para garantizar la transparencia en los procesos de selección. Entre ellos deben estar, por ejemplo, la motivación de la selección de los candidatos, subir la información curricular de todos los y las postulantes a una página web, y la celebración de entrevistas públicas.
- Crear vías para posibilitar la participación de la sociedad civil. Esto debe incluir, por ejemplo, crear canales para hacer llegar preguntas a las y los candidatos, y la posibilidad de presentar tachas y el mecanismo para investigarlas.
- En cuanto a la elección del Presidente/a, el pleno de la CSJ debe establecer, de forma previa y publica, el procedimiento a seguir, que debería incluir al menos, entrevistas públicas con los candidatos/as.
