Este miércoles 4 de julio, FESPAD se hizo presente a la audiencia de instrucción de Imelda Cortéz, una joven privada de libertad en el Centro Penal de San Miguel desde el 2017, fue condenada por el Órgano Judicial por homicidio agravado, a raíz de un parto extra hospitalario por complicaciones obstétricas. Un embarazo producto de la violencia sexual ejercida por su padrastro desde su infancia.
De acuerdo al citatorio realizado a la defensa, de la cual FESPAD forma parte, la audiencia fue programada para las 11 de la mañana de este día en el Centro Judicial del Municipio de Jiquilisco, Usulután; sin embargo, la audiencia fue suspendida y programada para el 20 de agosto, bajo el argumento de la falta de coordinación para el traslado de la joven desde el centro penal al centro judicial, cabe destacar que el Juez a cargo del caso, Manuel de Jesús Santos, no se hizo presente al juzgado este día.
Lar organizaciones sociales se dieron cita para manifestar el apoyo a Imelda. Particularmente por las anomalías en su caso, entre las faltas al debido proceso se encuentra la constante cancelación de las audiencias por parte del juez, contabilizando más de cuatro ocasiones. Una grave situación que se traduce en una injusticia para la imputada, al ser víctima de acusaciones y privación de libertad por un delito que a la fecha no ha sido comprobado por la parte acusadora. Cabe destacar que a Imelda le fue violado su derecho a presunción de inocencia, desde el inicio del caso, al ser condenada y custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil, durante su estancia en el hospital público que realizó la denuncia bajo la presunción que Imelda trató de matar a su hija al momento del parto extrahospitalario.
Entre otros aspectos, la defensa manifestó la elaboración de un recurso de revocatoria presentado en abril de este año, debido a la negativa de parte del juez de dar lugar a un peritaje psicológico solicitado por la defensa 
desde agosto de 2017 el cual fue aprobado, para constatar el estado psicológico de la imputada.
El primero de abril de este año, la defensa recibió notificación que el Juez del caso decretó no ha lugar a la realización del peritaje psicológico por parte del psicólogo forense de Instituto de Medicina Legal (IML) de Usulután, bajo el argumento que el término para presentar pruebas en el proceso penal había finalizado, la defensa impugnó tal resolución dentro de los siguientes tres días de notificados.
Dicha acción constituyó una limitante al debido proceso, dado que la defensa argumentó que era de vital importancia conocer a través de un especialista el estado psicológico de Imelda, que sufrió violencia sexual desde su niñez, fue trascendente conocer el estado psicológico de la joven durante los hechos que tanto la Fiscalía como la defensa se encuentra investigando y por los cuales fue privada de libertad desde el 2017. El peritaje psicológico autorizado desde agosto del 2017 fue frustrado más de ocho veces, bajo argumento de la dificultad de traslado de Imelda del centro penal al IML.
FESPAD denuncia el accionar del juez del caso, dado que las semanas anteriores notificó a las partes la solicitud de intervención de la PNC y el cierre de calles aledañas al juzgado el día de la audiencia, a fin de evitar la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, situación expuesta públicamente por las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el caso. Así mismo, el juez Santos expresó mediante la resolución que las organizaciones “sacarían a como de lugar a la imputada Cortéz del centro judicial”.
FESPAD como organización defensora de derechos humanos denuncia y condena dichas acciones, que se traducen en una seria limitante al acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad. Además el juez Santos mediante su resolución limitó el derecho a defender derechos de las organizaciones defensoras.
