La investigación se ejecutó durante el mes de abril, mayo y junio del año 2021, con el objetivo de registrar la situación de las personas que defienden el derecho humano al agua y la amenaza de criminalización que estas sufren, asimismo, sistematizar el rol de las personas que defienden el derecho humano al agua, la cual puede ser utilizada como herramienta para la incidencia con tomadores de decisiones, para el cumplimiento de estos objetivos, se estableció el análisis documental, se realizaron entrevistas semiestructuradas y observación participante. Las entrevistas fueron dirigidas a defensores y defensoras de derechos humanos, con énfasis en el derecho al agua, en diferentes contextos, a fin de reconocer la importancia de la labor que desarrollan.
El documento se realiza tomando en consideración que, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de forma expresa el derecho humano al agua y saneamiento mediante la Resolución 64/292; en ese mismo sentido, desde el 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General Nº 15, sobre el derecho al agua; en atención a ello, muchos países de Latinoamérica lo han ratificado e incorporado a sus ordenamientos jurídicos. No obstante, en El Salvador, por muchos años, ha existido una negativa por parte del Estado de atender a dicho reconocimiento, al no crear un marco normativo que regule el agua como un bien común y un derecho humano, garantizando de esta forma el acceso y el uso sostenible para todos los habitantes.
La investigación se realizó tras la ejecución del proyecto apoyado por INKOTA: “Programa para el mejoramiento de un acceso sostenible al agua, fomento a la organización comunitaria bajo enfoque de género y trabajo de incidencia para una política del agua como un bien común”.
