El Estado salvadoreño se ha visto enmarcado en un contexto que representa una transición hacia un cambio de paradigmas y un hacer distinto en políticas públicas.
En tanto ello, ineludible es referirse al tema del déficit fiscal que preludia el período examinado. Aún en esas condiciones, en este período ha habido una inversión social mayor, lo que para algunos sectores conservadores del país es visto como un elevado gasto público, y para quienes ya no hay posibilidades de aumentar los ingresos públicos.
Sin embargo, para poder seguir invirtiendo más en las áreas sociales y para mejorar los niveles de vida de la población, las organizaciones sociales creemos que el Estado debe buscar los mecanismos para elevar sus ingresos ya que éste apenas capta el 15% del PIB, las personas que trabajan (cientos de miles) captan el 25% bajo la forma de salario y 6,000 empresarios grandes y medianos se quedan con el 60%. Esa distribución muestra que la riqueza se concentra en una minoría de empresarios.
La carga tributaria de El Salvador es una de las más bajas de América Latina, donde el promedio supera el 20%.
Los gobiernos de Brasil y Argentina captan el 34% del PIB. Los de Francia, Italia y Bélgica, captan entre el 42 y el 45 por ciento del PIB. Esos y otros gobiernos tienen altos ingresos y pueden cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, salud, educación y otros DESC a la población. En cambio en El Salvador sucede lo contrario.
Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El informe fue presentado por las siguientes organizaciones: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA); Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defiende derechos de la población Trans y HsH); Mesade Género de Mejicanos.
