El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, del cual FESPAD es parte, presentó el Informe Centroamericano sobre DDHH y Conflictividad Social 2020-2021. El documento recoge la situación de los derechos humanos y diversas problemáticas que enfrentan los países de la región, entre ellas: crisis económica, social, política y sanitaria por la COVID-19.
El informe revela el grave deterioro institucional, político y democrático que, a su vez, incide en los poderes del Estado de los países de Centroamérica. Además, da cuenta que los sistemas de administración de justicia de la región son ineficientes, selectivos y subordinados a la influencia de líderes políticos, lo cual ha conducido a que se produzcan abuso de autoridad y corrupción política.
Por otra parte, según el documento hay un grave retroceso en cuanto a participación ciudadana y democracia, muestra de ello es que organizaciones de la sociedad civil, defensores y activistas de derechos humanos , periodistas independientes son perseguidos, amenazados, criminalizados, detenidos, torturados y asesinados.
«Se observa un tejido social débil y una fragilidad de la sociedad civil. Los gobiernos deben de dejar de aplicar toda forma de intimidación o medidas alternativas de privación de libertad para reprimir a quienes tienen una postura diferente. Es urgente que cese la represión contra las personas defensoras de derechos humanos», mencionó Omar Flores de FESPAD.
Violencia, uno de los principales problemas
La violencia que impera en la región centroamericana, en su mayoría, es causada por las políticas públicas de los gobiernos de cada Estado que profundizan desigualdades, generan pobreza, desplazamiento forzado y migración, expone el informe.
Para el Equipo Regional, las políticas públicas y estrategias de combate a la criminalidad en la región no son sostenibles, porque los Estados no están fortaleciendo la prevención primaria y terciaria y por ello instan a los Estados de Centroamérica a redefinir sus políticas y estrategias de seguridad ciudadana, en función de la prevención, además de priorizar e incrementar los presupuestos de instituciones con amplios beneficios públicos sociales como salud, educación y las dependencias estatales encargadas de generar las condiciones para el empleo y auto empleo.
Los niveles de violencia también generan una percepción externa que afecta directamente a los procesos de inversión en los países centroamericanos, explican.
Contenido del informe
En el informe se presentan las principales vulneraciones a los derechos de las personas como la vida, salud, libertad de expresión, asociación e información; y se insta a los Estados a que respeten derechos y se apeguen a mandatos constitucionales que beneficien a toda la población. A partir de ello presenta 4 ejes fundamentales:
- Sistemas democráticos en Centroamérica
- Seguridad Ciudadana
- Pobreza y Desarrollo Humano
- Situación de la COVID-19 en Centroamérica
Este es el décimo séptimo informe regional que presentan el Equipo Regional, conformado por:
- Centro de Desarrollo Humano (CDH), de Honduras
- Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), de Honduras
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
- Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA)
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador
- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala
- Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)
"La concentración de la riqueza y recursos en pocas personas, además de la corrupción institucionalizada en los países de la región, mantiene a la población en la pobreza, desigualdad, exclusión, marginación y vulnerabilidad", explica Gladys Larín, de @FESPAD_sv. pic.twitter.com/gwhQA52Rfg
— FESPAD (@FESPAD_sv) November 23, 2021
